La pandemia originada por el COVID-19 provocó que 12 millones de mexicanos, dentro y fuera de la economía formal, perdieran su empleo. Y una cantidad importante de ellos (un millón 300 mil) ya echó mano de sus fondos de ahorro quedándose sin la posibilidad de tener una pensión para el resto de sus vidas.
Este hecho motivó que, desde la Cámara de Diputados, surgiera una iniciativa de ley del morenista Mario Delgado para que quienes perdieron su empleo, en el sector formal, puedan retirar hasta 13 mil 300 pesos de su Afore.
La propuesta dice que no se descontarán semanas de cotización de los trabajadores y que dos tercios del monto se tomarían de la cuenta Afore y un tercio más de la subcuenta de vivienda del Infonavit.
A simple vista, el proyecto, que tienen previsto analizar y aprobar en un periodo extraordinario, parece una salida rápida y eficiente.
Sin embargo, no todos lo vemos así. Lo que plantea Morena es que el trabajador se rasque con sus propias uñas y desfonde los ahorros de su vida para sortear una crisis del momento, quedándose sin un peso para los próximos años, mientras que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) preservarán un negocio multimillonario.
La profesora Berenice Ramírez, investigadora de la UNAM y coordinadora del Taller de Evaluación de los Sistemas de Pensiones en México, considera que Delgado actúa de buena fe y busca una solución inmediata, pero hay una visión errática del fenómeno.
Se ha desvirtuado el sentido que tiene una pensión y el de la seguridad social.
La reforma de 1995 condujo a que las personas dejaran de mirar a la seguridad social de una forma integral y la vieran sólo como un sistema de ahorro para la vejez.
El problema ahora es que no hay una política pública para apoyar el desempleo.
Lo único que hace el gobierno es dar dinero a poco más de 6 millones de adultos mayores y créditos a micro y pequeñas empresas.
El problema de eso último es que sólo tienen acceso aquellos que están dados de alta en el IMSS, cuando 60 por ciento de los “ocupados” está en condiciones de informalidad y 6.5 millones del sector formal carecen de Seguro Social.
Siendo así, de prosperar la iniciativa de Mario Delgado, los beneficiados sería una parte mínima de la clase trabajadora que sufre los estragos de la pandemia y el desempleo.
Un paliativo que no resuelve el problema de fondo. El reto es reformar todo el sistema de pensiones que ha servido de muy poco.
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El pasado lunes se dio a conocer que el director del IMSS, Zoé Robledo, dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se vio obligado a aislarse y trabajar a distancia para atender la crisis sanitaria.
Sin embargo, no es el único caso. Hasta ayer tenían el registro de 20 funcionarios contagiados, todos del círculo cercano a Robledo.
Entre ellos se encuentra Humberto Pedrero, director de Finanzas; Javier Guerrero, secretario general, y Héctor Robles, titular de la Unidad de Evaluación de las Delegaciones, entre otros.
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Mientras las autoridades españolas y mexicanas deciden los procedimientos para la extradición de Alonso Ancira Elizondo a nuestro país, el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México podría enfrentar otras acusaciones por el delito de fraude y ocultamiento de información financiera.
Según una denuncia interpuesta en febrero por la empresa Pop Research, derivada del incumplimiento de pago de AHMSA, por un monto de 167 millones de pesos, el empresario del acero es acusado por fraude y por omitir información a la Bolsa Mexicana de Valores sobre los pasivos de la empresa.
De acreditarse este delito, por parte de la Comisión Nacional Bancaria, la negociación para la venta de AHMSA, anunciada el año pasado, podría verse afectada.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia”. [nota_relacionada id= 1077677]
POR ALFREDO GONZÁLEZ
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@ALFREDOLEZ
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