Recientemente se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 del INEGI; es un ejercicio bienal cuyo objetivo es recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población de trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno. Este estudio contiene un cúmulo de información importante y entre ella está la referente a la satisfacción de servicios públicos básicos, experiencias en pagos, trámites, solicitud de servicios y el contacto con autoridades de la población mayor de 18 años de las áreas urbanas.
En materia de corrupción, otorga información sobre su percepción en la población y hace un muestreo de las experiencias relacionadas con este fenómeno al momento de realizar pagos, trámites, solicitudes y otro tipo de contactos con servidores públicos. Su diseño permite conocer la perspectiva de este fenómeno a nivel nacional, por entidad federativa o incluso por tipo de trámites (en el caso de los más representativos por su impacto), hechos registrados que sin duda pueden incidir directa o indirectamente en los esfuerzos desplegados por las empresas para prevenir la corrupción en su interior. Ejemplo de ello es que en esta medición encontramos un incremento importante en los últimos años en la tasa de población (por cada cien mil habitantes) que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción. En lo que respecta a los trámites con el mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2019 están el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2%, seguido de otros pagos, trámites o solicitudes con 44.9%, mientras que los trámites relacionados con la propiedad llegan al 25% y los trámites municipales al 22.2%, destacando los servicios municipales por su incremento de 2.4.% respecto de la última encuesta (2017) llegando ahora a 9.6%. Adicionalmente encontramos que existe una disminución de casi 10 puntos porcentuales en la tasa de corrupción relacionada con los trámites para abrir una empresa, al bajar de 17% a 7.6% respecto a la medición de 2017.
Por otra parte, la tasa de víctimas en al menos un acto de corrupción por trámite (por cada cien mil habitantes) fue de 59,224 de quienes tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública y 25,047 en permisos relacionados con la propiedad a nivel nacional; pero es muy importante decir que en la misma encuesta podremos encontrar los tres trámites con mayor prevalencia de corrupción por cada entidad federativa en 2019, insumo que abona en beneficio de aquellas empresas que desarrollan actividades en ciertas regiones, estados, o bien son nacionales con operaciones en sólo algunas entidades federativas.
Finalmente, es muy revelador que el costo de la corrupción en pagos, trámites o solicitudes de servicio fue de 12,770 millones de pesos, lo que equivale a que, en promedio, se pagó por persona afectada la cantidad de 3,822 pesos.
Debemos poner mucha atención en este tipo de estudios, pues estos datos son vitales para los programas de integridad y anticorrupción de las empresas, ya que proporcionan elementos referenciales de mediciones de terceros que nos permitirán conocer las condiciones del entorno externo que pueden generar riesgos de corrupción en la industria o en el territorio en donde se desarrolla nuestra actividad empresarial, haciéndolos un insumo indispensable en los análisis y evaluaciones de riesgos de corrupción, ya que, una vez mapeados, servirán para trazar la ruta que junto con las medidas de mitigación necesarias ajustadas a las necesidades de la empresa, reforzarán el programa que hemos echado a andar para prevenir que se filtre la corrupción al interior de la empresa.
No olvidemos que estos programas están vivos y por ello, día con día debemos analizar la información, los datos y la operación de la empresa, y, en su caso, fortalecerlos y apuntalarlos.
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POR PABLO ESCUDERO
*ESPECIALISTA EN COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN Y CREADOR DEL PEIC
@PABLOESCUDEROM
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