Es innegable que la institucionalidad y lealtad de las Fuerzas Armadas han sido uno de los factores que permitieron el proceso democratizador del poder político en México. A diferencia de otros países de América Latina, en donde tuvieron mayor intervención en la esfera política debido a periodos de inestabilidad, en México los militares quedaron subordinados al poder civil desde la construcción del régimen posrevolucionario.
En 2008, Sonia Alda, investigadora del Real Instituto Elcano, describió un proceso en las Fuerzas Armadas de la Venezuela de Hugo Chávez, y en Bolivia durante el mandato de Evo Morales, al que llamó “securitización” del desarrollo nacional, en el cual advertía que ambos mandatarios aumentaron sus competencias en las políticas sociales y económicas de sus gobiernos. Por ejemplo, en Bolivia, su Ejército se encargó de distribuir el bono Juancito Pinto, después el pago de la Renta Dignidad, tomó el control de las aduanas y asimismo se hicieron cargo del transporte de hidrocarburos.
En México, observamos la creciente participación del Ejército ordenada por su comandante en jefe. Su nueva misión es hacer realidad los grandes proyectos de infraestructura que soñó el Presidente. Tanto el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya son construidos por soldados e ingenieros militares, pues desde su concepción, las instituciones armadas deben ser aliadas del nuevo modelo de desarrollo estatista. El Ejército se ha convertido en el principal contratista del gobierno, por una razón pragmática: es el tipo de organización, vertical, jerárquica, disciplinada, eficaz y muy poco permeable a las indiscreciones, pero también a la transparencia, que prefiere un Presidente con muy poco aprecio por los cánones democráticos como la rendición de cuentas y la transparencia.
López Obrador ha legitimado la cesión de áreas estratégicas al ámbito castrense diciendo que “el Ejército siempre ha estado vinculado al pueblo”, “que se apoya en las Secretarías de Defensa y Marina porque resistieron al vendaval neoliberal” o que “el Ejército resistió los embates de la corrupción”. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas del desarrollo es característica en los gobiernos de corte populista, al promover la unidad cívico-militar para impulsar sus proyectos de refundación nacional. El Ejecutivo federal es consistente con esta ideología, lo que convierte a los militares en actores clave del proyecto económico de la 4T, lo mismo distribuyendo hidrocarburos, medicamentos y libros de texto, que construyendo sedes del Banco de Bienestar o administrando aduanas.
Por supuesto que es un error que el Ejército y la Marina Armada se ocupen de la seguridad pública, pero es igualmente cuestionable que sean convertidas en la mano de obra del proyecto regeneracionista, porque además de continuar transfiriendo la gestión de áreas estratégicas del Estado de naturaleza civil a la esfera militar, también se corre el riesgo de politizarlas y poner a prueba su larga tradición de estabilidad institucional.
[nota_relacionada id=1039179]POR ASAEL NUCHE
DIRECTOR DE RIESGOS DE ETELLEKT
ARTICULISTA INVITADO
@ETELLEKT_