El fraude democrático que representaba la llamada Ley Bonilla fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que se convierte en una victoria para las instituciones, para el Estado de Derecho, para la democracia y desde luego para los bajacalifornianos.
Por ello, hago un amplio reconocimiento a los ministros de la Corte por actuar con estricto apego a la ley y frenar el intento del gobernador Jaime Bonilla de ampliar de 2 a 5 años el periodo de su gobierno. Las acciones de inconstitucionalidad que resolvió la Corte fueron promovidas por diversos partidos, entre ellos el PRD, así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes demandaron la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política de Baja California.
La resolución contó con los 11 votos de los ministros, lo que habla de que las pretensiones del gobernador Bonilla eran simple y sencillamente insostenibles. Por fortuna, los ministros pudieron hacer su trabajo con plena independencia, y eso es motivo para reconocerlo.
Como sabemos, la Ley Bonilla intentaba pasar por encima de la democracia y de las leyes establecidas, al aumentar el mandato del gobernador al frente de Baja California. Afortunadamente los ministros determinaron que ampliar el mandato constitucional del actual gobernador era un fraude a la ley, y una flagrante violación a los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y derecho al voto.
Los partidos políticos que promovimos las acciones de inconstitucionalidad teníamos claro que permitir extender el mandato de cargos populares una vez que ya fueron celebrados los comicios, con el pretexto de que el candidato electo aún no toma posesión del cargo, como sucedió en Baja California, implicaba desconocer el principio de no reelección, generando con ello la violación a los principios constitucionales. Pero confiábamos en que la SCJN protegería la ley y corregiría.
Sabíamos que el ejercicio de legitimación política que llevó a cabo el Congreso de Baja California, en agosto de 2019, donde se hicieron las reformas que pretendían ampliar el mandato de Bonilla, tenían otro problema: se hicieron al margen de las reglas para el referéndum. Por todo ello, los diputados que hicieron los cambios a la ley pasarán a la historia como los traidores de la democracia.
Ahora, el Congreso local y las autoridades estatales tienen 120 días para ajustar las leyes y quitar lo relacionado con la ampliación del mandato del gobernador, con ello se tendrán elecciones en junio de 2021.
Eso sí, en la próxima elección de Baja California no podrá participar el actual gobernador, esto al amparo del artículo 116 de la Constitución federal que establece la no reelección.
Le pedimos a esos diputados hagan un trabajo limpio y apegado a la ley. Nosotros, como partido, estaremos alertas, porque alguien con antecedentes de actos abusivos y autoritarios los intentará repetir. [nota_relacionada id=1029505]
POR KAREN QUIROGA ANGUIANO
INTEGRANTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PRD
@KARENQUIROGAA
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