Con la pandemia se avecinan grandes retos que se tendrán que atender, entre ellos, bloquear los espacios que se abran para que el soborno y la corrupción no encuentren el camino que quebrante los mecanismos de control y mitigación implementados al interior de las empresas, que podrían llevar a algunos empleados y directivos a enfrentar dilemas éticos y la relajación en el cumplimiento de estas normas.
Tal es el caso, que en abril el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE emitió una declaración pública reafirmando el compromiso colectivo de combatir el soborno extranjero y reconociendo que el brote de coronavirus “está trayendo desafíos sin precedentes, sufrimiento humano, incertidumbre y grandes perturbaciones económicas a escala mundial, lo que a su vez puede crear entornos para la corrupción” (OECD).
En ese mismo mes, Transparencia Internacional, Human Rights Watch y Global Witness, enviaron una carta a la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (https://www.transparency.org/files/content/feature/TI_HRW_GW_Letter_IMF_COVID19_Emergency_Funding.pdf),en la que destacan la necesidad de que se establezcan medidas básicas para garantizar que el dinero recibido por los países se use de manera transparente y responsable para reducir los riesgos de corrupción. Y se menciona que existe un riesgo elevado de que las decisiones públicas sean capturadas o distorsionadas por intereses privados para su propio beneficio, utilizando entre los métodos para sobornar, el cabildeo no revelado, donaciones políticas opacas o conflictos de interés. Este tipo de riesgos afectarán, sin duda, a todo tipo de contratación, no sólo a las del sector público y las consecuencias de la corrupción aumentan durante una crisis. Si se estima que, en promedio, del 10 al 25% del valor del contrato se pierde por corrupción en tiempos normales; en un momento como este puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y desde luego no queremos ver a nuestra empresa involucrada en este tipo de hechos.
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Así, se recomiendan medidas anticorrupción ante la contingencia y se alude que en las emergencias a menudo hay contratos apresurados y susceptibles de abuso, proponiendo que se mitiguen riesgos como contratos ocultos, con sobreprecio, la colusión y el soborno, así como medidas para identificar conflictos de interés y garantizar la competencia justa. Riesgos todos estos, que se acentúan en toda relación comercial por la pandemia.
En el sector privado, destaca que, a pesar de los esfuerzos desplegados en nuestro país para protegerse, no es inmune a la corrupción; menos aún la que puede acarrear la contingencia nacional (conexos o no con recursos públicos), pues estos actos ilegales siempre ponen en peligro a las empresas, más aún si sus marcos regulatorios y sistemas de autocontrol, éticos y anticorrupción, están desactualizados, en desuso o no cuentan con ellos.
En estos términos, debemos preguntarnos si contamos con una estructura organizacional y normativa que, además de prevenir y desincentivar conductas corruptas o dilemas éticos derivados de la contingencia, estén preparadas con un efectivo sistema de denuncias y sanciones que atienda eventuales acusaciones. Respondiendo honestamente en la cúpula corporativa preguntas como: si se comete un acto de corrupción en la empresa¿somos capaces de detectarlo?, ¿se investiga?, dado el caso afirmativo, ¿se sanciona? y ¿contamos con un programa qué, además, los previene y desincentiva?; podremos saber que tan protegidos estamos ante estos riesgos. También, debemos diseñar una estrategia focalizada a la emergencia que atienda las condiciones empresariales en que nos encontramos. Lo cierto es que un programa robusto y bien implementado cuenta con mecanismos que permitirán detectar como riesgo a la contingencia y tomar las medidas necesarias para proteger a la empresa e impedir que la corrupción y el soborno se infiltren.
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POR PABLO ESCUDERO MORALES
*ESPECIALISTA EN COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN Y CREADOR DEL PEIC
@PABLOESCUDEROM
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