En tiempos de emergencia se mide a los gobiernos. Y el del presidente López Obrador ha optado, en lo económico, por ensañarse y apretar cuando enfrentamos una crisis aún incalculable en sus efectos. Se lanza contra el sector empresarial, le pega al empleo, se desquita con los contribuyentes y hasta con los propios servidores públicos. Si en otros países los gobiernos rescatan a sus trabajadores a través de incentivos fiscales, acá la realidad dicta otra cosa.
Mientras AMLO pide solidaridad a empresarios para detener las actividades sin despedir trabajadores ni recortar sueldos, el Servicio de Administración Tributaria enseña los dientes. No solo exige a ciudadanos ahorcados y sin ingresos pagar impuestos y hacerlo pronto, también demora en la devolución del IVA a negocios y atiza contra sectores productivos, esos que necesita para reactivar la economía. Nada de apoyos, mucho menos condonaciones o plazos extendidos. Destruye puentes, dinamita la confianza, hunde la certidumbre.
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El SAT ha decidido que la emergencia por COVID-19 es temporada de caza. Sin importar la contingencia y el riesgo de contagio para sus funcionarios y contribuyentes, ha intensificado sus tareas. Los requerimientos de información y documentación de gran volumen, están a la orden del día, también se siguen ejecutando notificaciones y diligencias de embargo, obligando a contribuyentes a salir de sus casas, asistir a sus oficinas, e incluso, acudir al SAT para continuar trámites y revisar información.
Raquel Buenrostro, titular del SAT ha dicho que hay que pagar y ser solidarios. Bien. Pero estamos en una situación que requiere sentido común, porque hay personas físicas y empresas que se encuentran en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al no contar con órganos de justicia a los que recurrir para hacer valer sus derechos porque, sorpresa, desde el 18 de marzo el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa acordaron parar actividades.
¿A dónde va un contribuyente a ejercer su derecho cuando el SAT ataca?
El 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo con acciones extraordinarias para atender la emergencia, en el que se ordenó suspender actividades no esenciales. En el texto se apunta que no son sujetas a suspensión, entre otras actividades, “la procuración e impartición de justicia”.
¿Cuándo piensa el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa volver a trabajar? Hay miles que necesitan garantizar sus derechos ante la voracidad del SAT.
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Pese a que el presidente aseguró que ningún trabajador del Estado sería despedido por la crisis sanitaria, un guardia de seguridad en Palacio Nacional denunció que fue cesado junto a otras 10 personas.
“El tres de abril me dieron mi carta de ‘renuncia voluntaria’”, nos narró ayer en la radio, en MVS Noticias, Alejandro “N”. (https://mvsnoticias.com/podcasts/mesa-para-todos/denuncian-trabajadores-de-palacio-nacional-despidos-durante-cuarentena/). Entonces, ¿en qué quedamos?
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Así como los supermercados y centros de abasto no pueden parar, tampoco los bancos ni las tiendas donde millones reciben sus remesas. Eso también es sentido común.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
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@MLOPEZSANMARTIN
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