El mes de marzo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó su informe anual de actividades y resultados ante el Senado en el que destaca su visión de dar mayor atención al sector privado, enfocándose a generar una estrategia para investigar y combatir la “gran corrupción” cometida por las empresas, crear incentivos y criterios que pro-curen el “debido control interno” de éstas mediante mejoras a su gobierno corporativo, el desarrollo de programas de integridad y cumplimiento, y la evaluación de los programas de las empresas sujetas a investigación, así como establecer áreas especializadas, entre ellas, las relacionadas con contrataciones públicas y con corrupción corporativa para que cuenten con equipos de investigación y litigio.
Igualmente es ilustrativo el hecho de que se busque definir de manera más clara el concepto de “debido control interno”, estableciendo los requisitos legales para los modelos de organización, gestión y prevención, y el significado y alcance del “órgano de control permanente”, sus elementos y características; sin soslayar el establecimiento del contenido de las políticas internas para la prevención de los delitos por hechos de corrupción. De este modo, las empresas deberán diseñar e implementar sus pro-gramas y políticas anticorrupción conforme a la normativa, guías y criterios que se generen.
Todo esto propone, además, modificaciones al marco legal que dotaría a la Fiscalía Anticorrupción de mayores facultades, atribuciones e instrumentos que generarían cambios relevantes en la forma de realizar investigaciones y desahogar expedientes por denuncias de corrupción.
Entre las modificaciones pro-puestas al marco de compliance anticorrupción más importantes, están las del Código Penal Federal que le darían atribuciones para conocer temas de lavado de dinero en los casos que involucren delitos por hechos de corrupción, o bien participen personas jurídicas que tengan relaciones contractuales con el sector público. Adicionalmente, se propone incluir la posibilidad de atribuir a las personas jurídicas los delitos de peculado y percepción ilícita, y elevar las sanciones por hechos de corrupción, llevándoles incluso a no tener derecho a beneficios o prerrogativas, cuando el monto de la afectación patrimonial del Estado sea superior a 25 mil UMA's (hoy $2,172,000.00 pesos), e incluir la sanción por contratación ilícita a los particulares (personas físicas y jurídicas).
Con modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, se pretende redefinir la protección de testigos e imputados, colaboradores en hechos de corrupción, mejorar la regulación de las medidas cautelares para asegurar bienes relaciona-dos con objetos, instrumentos o productos de delitos por hechos de corrupción, definir un procedimiento especial para acuerdos reparatorios, regular la utilización de fuentes abiertas para la obtención eficaz de información y el uso de tecnologías de la información para obtener pruebas, e incluir medios más eficaces para ampliar las formas de asegurar bienes.
[nota_relacionada id=9993865]Finalmente, pro-pone modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con las que se busca considerar como actividades vulnerables a los actos de contratación pública; aplicar la ley de delincuencia organizada en casos de enrique-cimiento ilícito cuando se ocupen aparatos organizados como personas jurídicas, o bien por operaciones hechas para ocultar bienes o introducirlos al sistema patrimonial, financiero y fiscal; así también aplicar la extinción de dominio por cohecho y peculado, incluido el dominio de las empresas que participen en estos ilícitos (adicional a la sanción penal).
También, durante las investigaciones se dotaría de mecanismos eficaces para la inmovilización de cuentas y suspensión de cotizaciones en bolsa, con independencia de que pueda verificarse la legitimación con el Juez. Todo lo anterior -considera la Fiscalía- es necesario para enfrentar la corrupción en nuestro país.
POR PABLO ESCUDERO
ESPECIALISTA EN COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN Y CREADOR DEL PEIC
@PABLOESCUDEROM
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