El domingo, López Obrador aceptó que con el coronavirus se nos viene encima una severa crisis económica. Por lo mismo, en esta ocasión, contrario a lo que él deseaba, no pudo prometer la construcción de una carretera en Oaxaca —donde se encontraba de gira de trabajo. Quizá sea la primera vez que lo escuchamos entender que existen límites, incluso al comprometerse. Se requeriría, de hoy en adelante, que esa honestidad de su parte fuera más común.
Por ello, lo que sucedió en Mexicali, Baja California — también el fin de semana— con la consulta para decidir si la empresa Constellation Brands continúa la construcción de su cervecera o no, va más allá de toda lógica económica y de generar la certeza jurídica necesaria estos momentos.
Si bien no es la primera vez que un proyecto en ejecución (o prácticamente concluido), y que significa millones de dólares invertidos, se somete a consulta popular, sí lo es por cuanto a que se trata de una empresa privada 100 por ciento. Cuando se frenó el NAIM, se trataba de un proyecto del Estado, aunque respaldado por mucha inversión privada.
Es una pésima noticia haber sometido a referéndum, sin sustento jurídico, tal inversión; y es que cuestionar la viabilidad de un proyecto una vez que se ha desembolsado tanto dinero, hace que cualquier posible inversionista piense más de dos veces antes de apostar por nuestro país. Las inversiones requieren certeza de que no se podrá echar para atrás todo sólo por la voluntad de un puñado de personas.
No es válido aducir que parar la operación de la fábrica es por la cantidad de agua que consumirá. La obra se podría denunciar y clausurar por la vía legal y con pruebas aportadas por autoridades de medio ambiente. Suponiendo que los derechos de uso del agua se dieron de forma corrupta, se deberían quitar en tribunales.
El clausurar una planta industrial por una consulta (que no es un régimen normado y sustentado en México, a diferencia de otros países) tira a la basura las instancias jurídicas y el marco legal. Vuelven las acciones y reacciones requeridas por la economía y la sociedad un simple albur. Es implícitamente un aviso a los posibles inversionistas para que NO vengan a México, pues se carecen de garantías mínimas otorgadas por el Estado de Derecho.
Lo que vimos en Mexicali es un disparo auto infligido en tiempos de crisis, una muestra de que el gobernador Jaime Bonilla, sigue haciendo lo que le viene en gana y que el gobierno federal no quiere o no tiene la fuerza para pararlo.
[nota_relacionada id=929319 ]Es indicativo de que el Presidente no está escuchando al presidente de CCE, Carlos Salazar, ni a su jefe de Oficina en Presidencia, Alfonso Romo, y de que prefiere morir —junto con el país— en la actual crisis que todo lo permea. No atender sus llamados significa una terrible combinación: nuestro país azotado por la crisis y un gobierno que sólo crea más incertidumbre. El dictamen es: “suicidio en tiempos de crisis”.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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