El daño está hecho. Ya no importa cómo el gobierno trate de enmendar el enorme error de desincentivar la inversión privada al poner a consulta pública la terminación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Lo cierto es que en la comunidad de negocios estadounidense emergió una palabra funesta: se trató de una expropiación.
En sentido estricto no lo es, porque el gobierno no toma los activos (la construcción a medias de la planta), sino que simple y llanamente impide que la empresa continúe la edificación de la fábrica.
Pero eso no importa, porque la sensación en la comunidad de negocios internacional es que el gobierno cedió ante grupos radicales y que Constellation ya dejó en Mexicali entre Dlls. $700 millones y Dlls. $900 millones de inversión, lo cual, si no se les devuelve, se considerará un robo. O sea, expropiación.
La caída en los títulos de la acción de Constellation ayer a mediodía, de 11.75 por ciento, es quizá proporcional a la caída que veremos en México de la inversión estadounidense.
Incluso con el T-MEC, las futuras inversiones quedarán determinadas por acuerdos individualizados de cada empresa con el gobierno de AMLO, lo que no solo entorpece la inversión, sino que pone una barra de costo elevadísimo para considerar a México como destino, toda vez que el antecedente será que toda nueva fábrica debe ser aprobada por grupos locales en concordancia con el gobierno federal. Y ya de estado de derecho y de lo que digan las leyes, ni hablamos. Esto fue una estocada a la inversión.
Ayer a media mañana, tras la noticia, el Consejo de Administración de Constellation sesionó de urgencia para determinar su postura, a fin de solicitar la indemnización del dinero invertido hasta la fecha (incluyendo daños y perjuicios, lo que podría incluir el flujo de efectivo futuro que ya no se realizará y que la empresa había anunciado al mercado al ser una entidad que cotiza en la bolsa). Asimismo, se iniciará un proceso de arbitraje bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Esto último podría ser un resquicio de esperanza, toda vez que la consulta popular de Mexicali violentó toda la normatividad vigente al poner a consideración del pueblo una inversión que ya había cumplido con todos los requisitos de ley.
Pero incluso en un escenario de relocalización de la fábrica (¿quizá a Tabasco?): el daño está hecho. Y la percepción mundial ya es muy adversa.
ALCALDE DE MTY
El alcalde de Monterrey Adrián de la Garza lanzó un programa de 2 mil 600 millones de pesos para mitigar la repercusión económica del COVID-19 en su ciudad. Habrá subsidios e incentivos para las construcciones municipales; se repartirán apoyos alimentarios, paquetes de limpieza, y se crearán mil 500 plazas de empleo temporal. [nota_relacionada id=928967]
POR CARLOS MOTA
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