Las agendas de los Poderes de la Unión han sido secuestradas por la amenaza del COVID-19, el Poder Judicial de la Federación ha decidido, con responsabilidad y oportunidad, no seguir la línea de decisiones del gobierno federal, que pareciera no asimilar el torbellino sanitario que se avecina. Nunca en la historia moderna la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal habían decidido suspender actividades, fuera de los recesos de verano y fin de año, como medida de prevención ante una pandemia.
En un mensaje inédito, el ministro Arturo Zaldívar anunció la suspensión de actividades jurisdiccionales en la Corte, en principio un mes, que comenzó a correr ayer y se prolongará hasta el 19 de abril a reserva de acontecimientos futuros. La drástica medida involucra a cerca de 850 juzgados y tribunales federales distribuidos en los 32 circuitos del país, que sólo montarán guardias para atender asuntos urgentes, por lo que no correrán plazos legales.
La suspensión paraliza el trámite de miles de amparos y juicios ordinarios que dependen de la justicia federal. El máximo tribunal también deja en pausa el proceso de resolución de diversos amparos en revisión, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Los togados seguirán trabajando a distancia y estarán disponibles para atender sesiones virtuales o presenciales, de ser necesario. Los órganos jurisdiccionales de guardia atenderán asuntos como: solicitudes de órdenes de cateo, arraigo, extradiciones, consignaciones de detenidos o intervención de comunicaciones.
El presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal como titular de un Poder autónomo, accionó los botones de su tablero de control con anticipación, sin esperar al Ejecutivo y al Legislativo que siguen pasmados en sus factores de decisión para no contradecir al presidente López Obrador, privilegiando ideología en una coyuntura que exige mucho más energía y responsabilidad.
En este sentido las autoridades federales van a un ritmo de decisión desfasado del resto del mundo. Zaldívar y los ministros tomaron decisiones pertinentes que nadie puede reprochar y han sido bien valoradas entre la gran mayoría de los empleados de la institución.
EDICTOS
Han llegado a esta columna, múltiples comentarios de preocupación dirigidos por trabajadores de diversos hospitales públicos pertenecientes al IMSS, ISSSTE y sector Salud. Expresan angustia por la ausencia de medidas preventivas elementales dentro de las instalaciones donde laboran. Son obligados a trabajar sin insumos básicos de protección, muchas madres de familia tienen a sus hijos en casa y enfrentan elevados riesgos sin la respuesta oportuna de sus superiores jerárquicos. Mientras tanto, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, sigue desaparecido en la gran crisis que lo marcará negativamente ante el juicio de la historia. ¡Ya vamos tarde! Hasta el jueves.
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POR ENRIQUE RODRÍGUEZ
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