Hace apenas dos décadas inició en nuestro país el debate y la defensa del espacio y la vía públicas. Afortunadamente, la Constitución de la Ciudad de México ya se inscribe en esta tendencia jurídica. En ella se establece que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad. También señala que los espacios públicos son bienes comunes.
Sin embargo, sabemos que el uso de los bienes comunes o de acceso generalizado frecuentemente es acaparado por personas o grupos, como ocurre por ejemplo con los bosques, el agua o la electricidad. Este oportunismo genera desorden, deteriora los bienes y exige del Estado inversiones interminables de rescate que termina pagando toda la ciudadanía. En zonas con alta densidad económica y demográfica, el uso adecuado de los espacios públicos tiene un mayor grado de complejidad: implica un ejercicio de derechos ciudadanos, pero también de protección para la vida de las personas y de sus bienes. El Centro Histórico concentra 6% de todas las unidades económicas de la ciudad; y es la zona con el mayor número de inmuebles con valor histórico y artístico de Latam. Baste decir, que tiene una de las calles peatonales más transitadas del mundo (Madero).
Aquí el uso del espacio público no puede quedar al garete; pues la apropiación de la vía pública puede llegar a afectar a millones de personas. Por ello, desde el año pasado y en 2020 hemos llevado a cabo acciones de sensibilización y acercamiento con locatarios y comerciantes para identificar y erradicar prácticas que atentan contra el derecho a la ciudad, que entre otras cosas incluye el uso y usufructo pleno y equitativo de su infraestructura.
Como resultado, la semana pasada, junto con la CFE y autoridades del gobierno central y la alcaldía, logramos desconectar 245 diablitos utilizados para evitar el pago de la electricidad. Cada semana llevamos a cabo recorridos temáticos: con PAOT para promover la normatividad en materia de ruido, retirar bocinas y difundir las sanciones aplicables; con Sedema para que, de acuerdo con la nueva normatividad, dejen de utilizar el plástico de un solo uso; y con Invea para verificar el apego de los locales establecidos a lo que permite sus licencias.
También iniciamos un proceso de sensibilización respecto de la contratación de personas que promueven servicios o mercancías en la vía pública, y que se han convertido en grupos que acosan a los transeúntes e impiden su libre tránsito. Se han aumentado los operativos para retirarlos.
En el marco de la Constitución, podemos sostener que en el caso del Centro Histórico promover el respeto de la vía pública significa generar una convivencia ordenada, que respeta la ley, los derechos de las y los trabajadores, vecinos y visitantes. Sólo así podemos hacer del Centro Histórico un lugar disfrutable para nosotros y accesible para la siguiente generación; sólo así seguirá siendo un símbolo de nuestra identidad y un motor de nuestra economía.
[nota_relacionada id=879659]POR DUNIA LUDLOW
COORDINADORA, AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
@DUNIALUDLOW
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