La igualdad y la seguridad son dos elementos que habilitan para ejercer distintos derechos fundamentales. Deben, por consecuencia, ser garantizados por el Estado. No es el caso. Es por ello que se ha vuelto común tener seguridad personal por la imposibilidad de que el Estado la pueda proporcionar a todos.
La solución remedial que se ha creado desde tiempo atrás, especialmente del Ejecutivo federal, tiene diversos puntos de quiebre.
Existen distintas dependencias que duplican la labor de brindar protección a gobernados, lo que permite que haya criterios diferentes para otorgar esos privilegios con cargo al erario que, de entrada, ejerce la discriminación como un punto de partida.
La capacidad de organización y fuerza de presión social ha generado distorsiones en la narrativa para obligar al gobierno a dar prestaciones especiales.
Es el caso de los periodistas y defensores de derechos humanos que, según la retórica empleada, son “especiales” porque permiten el ejercicio del derecho a la información de la sociedad.
Es por lo anterior que “deben” ser protegidos particularmente. Los médicos de los centros públicos especialmente de traumatología (aunque no exclusivamente) tienen como propósito asegurar el derecho a la salud y a la vida, sin los cuales no hay sociedad que pueda existir.
A pesar de lo anterior, estos profesionales, por citar un ejemplo, están fuera de los mecanismos de protección institucionales. Una encuesta de Espinoza y Asociados, consultoría digital (certificada por Microsoft International para hacer sus encuestas institucionales) señala que 67 por ciento de la población considera más valiosa la labor de un médico o de un maestro que la de un periodista (28 por ciento).
Si se considera que excepcionalmente hay, en efecto, periodistas de investigación que hacen labores que permiten el escrutinio público de fondo, es razonable que tengan un tratamiento diferenciado. Pero se debe partir de que a quienes se otorga esa prestación, carezcan de los recursos económicos para proporcionársela por sus propios medios.
Resulta, en el mundo al revés, que dueños de medios y periodistas con altos recursos y relaciones tienen mayor acceso a protección con cargo a usted y a mí, que a quienes verdaderamente lo requieren por su labor y por sus limitaciones económicas.
Es un contrasentido donde quedan excluidos otros profesionales como médicos y maestros de centros públicos porque no tienen acceso a mecanismos de presión social. Debe hacerse una revisión profunda y tratar desigual a los desiguales, de tal suerte que se usen correctamente los recursos del pueblo. [nota_relacionada id=874761]
POR ERNESTO VILLANUEVA
INVESTIGADOR DE JURÍDICAS DE LA UNAM
@EVILLANUEVAMX
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