El asesinato de Ingrid pudo prevenirse, y se suma al de otras mujeres asesinadas que denunciaron previamente a sus parejas o cónyuges por violencia de género, o en donde los victimarios tenían antecedentes de feminicidas potenciales. Es el caso del asesino de Ingrid, quien contaba, al menos, con un par de denuncias presentadas por dos ex parejas, en 2011 y 2019. Según la Secretaría de Gobernación (Segob), 93% de estas agresiones ocurren en la esfera familiar. Es decir, el gobierno conoce los patrones de la violencia y quienes la realizan, pero no es capaz de prevenirla. Desafortunadamente, los indicios de esta violencia suelen analizarse post mórtem, para definir si el homicidio de una mujer se trata o no de un feminicidio, y no para evitar que el delito ocurra, es decir, identificando tempranamente el nivel de riesgo de las mujeres, desde que son objeto de amenazas, lesiones, golpes, abusos u acoso, por parte de familiares o personas cercanas, así como las conductas violentas de los agresores que puedan derivar en feminicidios.
Para ello, a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2006, debía conformarse un año después el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), vinculado a la extinta Plataforma México, a fin de concentrar perfiles de víctimas y agresores, que permitan instrumentar políticas que ayuden a prevenir y erradicar este flagelo. El sistema comenzó a operar hasta 2009, sin tener estadísticas representativas, debido a que los estados no proporcionaban información. Al 12 de febrero de este año, esta plataforma registra un total de 536 mil 67 casos de violencia contra la mujer, de los cuales se emitieron 56,642 órdenes de protección.
Sin embargo, tras la ola de feminicidios que aqueja al país, surgen dudas sobre la efectividad de este sistema. Por ejemplo, ¿las denuncias que existían desde 2011 contra el asesino de Ingrid por violencia familiar fueron integradas al Banavim? De existir esta información en dicho banco, se confirmaría que las autoridades de seguridad y justicia de la Ciudad de México son incapaces de ajustar sus procedimientos con los sistemas de inteligencia disponibles para reforzar sus capacidades preventivas y detener la epidemia de feminicidios que, tan sólo en la capital del país, tuvo un crecimiento de 58% durante 2019.
Es lamentable que en lugar de reforzar este banco de datos nacional, y ante las recientes protestas por el clima de feminicidios, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, opte por crear un banco genético de agresores sexuales sentenciados, supuestamente para prevenir la violencia hacia las mujeres, cuando la mayor parte de los casos reportados en el Banavim corresponden a violencia psicológica (44%), física (26%) y económica (16%). Si el asesino de Ingrid no tenía antecedentes de haber ejercido violencia sexual, ¿cómo podría ser detectado en un banco de ADN como el que impulsa la jefa de Gobierno? La autoridad simplifica el problema, sigue sin entender que la mecánica de los feminicidios va más allá de los delitos de orden sexual.
[nota_relacionada id=844204]POR RUBE?N SALAZAR
DIRECTOR DE ETELLEKT
abr