El Instituto Nacional Electoral (INE), antes IFE y el Banco de México (Banxico) son dos instituciones que han sido pilares de estabilidad político-electoral y económica a lo largo de los últimos 25 años.
En abril de 1994, luego de una reforma al artículo 28 constitucional, se otorgó autonomía al Banco de México y el mandato de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. Esto, en la práctica, le quitó la máquina de hacer billetes a los malos gobiernos, una de las mayores tentaciones.
Los resultados de la institución han sido claros al pasar de una inflación de 35 por ciento en 1994 a una inflación promedio de cuatro por ciento en la década 2010-2019.
Por el lado del Instituto Federal Electoral, –que a partir de 2014 se transformó en el Instituto Nacional Electoral– se llevaron a cabo tres transiciones de la presidencia de la república con presidentes emanados de diferentes partidos: en 2000 del PRI al PAN, en 2012 del PAN al PRI y en 2018 del PRI a Morena. Hubo transiciones a nivel de gobernadores, presidentes municipales y otros cargos de elección popular. Todo esto, en un ambiente de competencia no violenta.
Cabe destacar que parte importante de esta confianza en las instituciones electorales tiene sus bases en la participación ciudadana, pero otro tanto en los funcionarios con una carrera en el servicio profesional electoral. Esto ha permitido seguir avanzando en mejorar la institución, robustecer sus procesos e incluso convertirse en referencia para otras democracias de diferentes latitudes.
En los próximos días, la Cámara de Diputados dará a conocer la convocatoria para elegir a cuatro de once consejeros del INE, en dónde se prevé que el partido del presidente de la república y sus aliados hagan patente su mayoría calificada para elegirlos sin necesidad de interacción con otros partidos.
Esto se torna preocupante luego de ver las experiencias en otros entes como la Comisión Reguladora de Energía, dónde el Presidente copó los espacios para nuevos conejeros con personajes que no cumplían los perfiles; además de hacer presiones políticas para hacer dimitir al entonces presidente de la comisión. Es cierto que las instituciones en México tuvieron y tienen áreas de oportunidad, pero hacerlas implotar con personajes sin preparación técnica y a merced de las instrucciones del ejecutivo se vulneran las libertades de los mexicanos.
Este mecanismo de implosión es una forma de enviar al diablo a las instituciones y es la que podría ocupar el ejecutivo para tener el control del Instituto Nacional Electoral, con lo que se erosionaría a nuestra todavía endeble democracia. Este apoderamiento del INE puede tener como costo la confianza en la institución y con ella poner en riesgo la credibilidad en los procesos electorales, así como generar una crisis política hacia un futuro no lejano que rompería con las transiciones políticas pacíficas y dejando en evidencia el costo político, económico y social de la ausencia de la estabilidad política que hoy todavía tenemos. [nota_relacionada id=847254]
POR FAUSTO BARAJAS
ESPECIALISTA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
@FAUSTOBARAJAS
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