Los gobiernos de todo el mundo siempre tienen la mira puesta en las actividades humanas de donde pueden obtener más ingresos vía impuestos. En abril, por ejemplo, India incrementó fuertemente su impuesto a la venta de teléfonos inteligentes, al elevarlo de 12 a 18 por ciento, generando una ola de rechazo nacional.
En México una iniciativa que encarecería los teléfonos inteligentes también fue presentada en abril por el diputado Sergio Mayer. Se trata de una cuota o “canon” que deberá pagarse por cada teléfono que, en teoría, tendría que ser dirigido después, como recurso, a la comunidad creativa del país. La idea es que, debido a que todo mundo descarga en sus dispositivos fotografías, canciones y documentos de diversa índole, los creadores de estos contenidos deben ser compensados por lo derechos de autor. La iniciativa establece que este canon debería ser absorbido por las empresas.
Esta propuesta se discute ya en la Cámara de Diputados. Desde abril causó rechazo. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) estimó en un análisis que “los consumidores en México tendrán que pagar, en su conjunto, entre $4,187 y $6,205 millones de pesos anuales más por la adquisición de los productos sujetos al gravamen”.
El Instituto alerta que este impuesto atenta “contra el derecho de acceso a la conectividad de millones de mexicanos que aún no cuentan con acceso efectivo a dispositivos”.
Lo peor que pueden hacer los gobiernos durante una crisis es incrementar impuestos en actividades que serían facilitadoras de una recuperación económica. Los teléfonos inteligentes fungen como oficina, escuela y plataforma integral de productividad. Suponer que un gravamen de esta naturaleza no sería trasladado al precio del aparato al público es una ingenuidad. Establecerlo sería un obstáculo directo al impulso necesario para que la economía se recupere a mayor velocidad.
CONSAR
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que encabeza Abraham Everardo Vela Dib, reveló ayer que, al cierre de octubre, los recursos administrados por las afores de México alcanzaron 4 billones 410 mil millones de pesos y que, en los últimos 10 años, el rendimiento nominal promedio ha alcanzado 7.37 por ciento.
ALCALDE
Como bien adelantó ayer nuestro director editorial Alfredo González, corre prisa en la 4T para cumplir con la nueva legislación laboral al amparo del T-MEC, antes de que Joe Biden tome el poder en Estados Unidos. Ayer la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en un evento de lanzamiento oficial, dijo que los 3 pilares del nuevo modelo laboral mexicano
—democracia sindical, justicia laboral y negociación colectiva— arrancan ya en varios estados. La 4T activó a ocho gobiernos estatales para que inicien ya los centros de conciliación y registro laborales.
POR CARLOS MOTA
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