Durante las más de tres décadas de gobiernos neoliberales, México sufrió un contagio masivo de corrupción en todo su sistema de gobierno, y llegó a un grado de descomposición que asimiló esta condición como normal y fomentó estas prácticas también en la forma de acceder al servicio público, dañando profundamente nuestro sistema electoral y en consecuencia, la legitimidad de gobernantes y autoridades en todo el territorio nacional. El presidente designaba a su sucesor, un gobernador ungía a su candidato, y así sucesivamente, los cargos se rotaban entre las y los miembros de la misma mafia, quienes al amparo del poder público robaban a manos llenas los recursos públicos en total impunidad.
En el periodo neoliberal no existía una auténtica democracia, pues quienes ejercían el poder despreciaban la voluntad popular y administraban al país como si de una empresa se tratara, buscando con ambición desmedida el lucro particular y sosteniendo apoyo popular a través del engaño, la coacción, la intimidación y los sobornos, mientras la nación se hundía cada vez más en la pobreza, la violencia y el subdesarrollo. Fue entonces cuando el pueblo de México decidió unirse por la transformación en torno a un nuevo proyecto que encabeza el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
De 2018 nos quedó la enorme lección de que ni el más complejo operativo de fraude electoral puede arrebatar una victoria masiva a la ciudadanía. Hace dos años, el hartazgo popular puso un alto a la inercia del régimen corrupto y plasmó por la vía pacífica e institucional el deseo de acabar con la corrupción, recuperar lo robado y abatir la impunidad que protegía a las y los responsables. Desde entonces han sido muchas las acciones coordinadas que desde los tres poderes a nivel federal se han emprendido con dichos fines; sin embargo, debido a que los gobiernos locales no han sido renovados, las entidades con gobiernos emanados del viejo régimen han mostrado una clara oposición a las nuevas políticas de austeridad, combate a la corrupción y democratización de las decisiones.
En este sentido, la Unidad de Inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmó en agosto una declaración conjunta de intenciones con miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (conago), para construir unidades estatales de inteligencia.
Lamentablemente, para septiembre, 10 gobernadores abandonaron la conago para formar la llamada Alianza Federalista, que incongruentemente insinuaron su intención de separarse del pacto federal argumentando inequidades en el pacto fiscal que rige desde 2007.
Es por ello que, con el proceso electoral 2020-2021 en marcha, es indispensable señalar la importancia de continuar la transformación y el combate a la corrupción a nivel local; con base en la soberanía de la que gozan las entidades, los esfuerzos federales deben ser complementados primeramente con una voluntad resuelta a luchar de frente contra la corrupción y, seguidamente, por estrategias eficaces que permitan frenar el robo a los recursos de la nación, recuperar el patrimonio sustraído y llevar a las y los responsables ante la justicia.
POR DAVID MONREAL
COLABORADOR