Desde que le comparto la información de todos los días, no recuerdo un desencuentro de tal magnitud como el que protagonizan los 10 gobernadores aglutinados en la Alianza Federalista, que no es otra cosa que una escisión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Entender el encono de los gobernadores, principalmente de oposición, se entiende fácil. El gobierno federal y la mayoría de Morena en el Congreso determinaron un importante recorte al gasto federalizado para 2021 que, aunado a la extinción de fondos y fideicomisos, 109 en total, colocan en desventaja a las entidades, que a decir de los propios gobernadores, son los que más impuestos generan a la Federación.
Así lo planteó Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco, quien amenazó a nombre de los 10 aliancistas con romper el pacto federal, y argumentó que su petición es justa, ya que son las entidades que más recursos generan, y aceptó el reto del presidente López Obrador de ir a una consulta ciudadana para conocer si “el pueblo” está de acuerdo en romper con el gobierno y, de esta manera, ya no entregar los impuestos generados por las entidades a la tesorería de la Federación.
La guerra de declaraciones ha escalado a tal grado que el Presidente negó todo tipo de diálogo con los “aliancistas”, argumentando que cualquier intercambio con la disidencia perjudicaría la imagen presidencial. Pero ¿están en el camino correcto los gobernadores? A los ojos de la Constitución y el Código Penal Federal, no.
Julio Jiménez Martínez, constitucionalista y analista político, explicó en El Heraldo Radio y El Heraldo TV que los gobernadores de la Alianza Federalista contravienen el artículo 117 fracción 1 de la Constitución, que establece: que los estados en ningún caso podrán celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con potencias extranjeras.
El artículo 108, segundo párrafo, establece las responsabilidades de los servidores públicos, entre ellos los gobernadores, de no respetar los principios constitucionales. El 123 del Código Penal Federal, numeral uno, establece una pena de cinco a 40 años de prisión a quien cometa traición a la patria, a través de la realización de actos en contra de la independencia, la soberanía e integridad de la nación.
En pocas palabras, plantear romper el pacto federal sería interpretado como traición a la patria con pena de cárcel. Podemos estar de acuerdo con los gobernadores en sus exigencias, pero su protesta con esta argumentación va por el camino equivocado.
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Corazón que sí siente: El COVID-19 no cede y ahora se ensaña con servidores públicos; la lista es enorme. ¿Acaso se fueron de fiesta? ¿O no guardan el protocolo? El coronavirus se contagia de manera misteriosa.
POR JESÚS MARTÍN MENDOZA
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