Nuestra democracia se inventó en papel mucho tiempo antes de cobrar vida. El modelo que define nuestra Constitución reflejaba ya desde hace tiempo la idea de un país diverso y agitado que se resolvía a sí mismo de manera cotidiana a través de la pluralidad de partidos, la división de poderes y la coordinación entre municipios, estados y Federación.
Durante años, esa versión de México no fue sino una ilusión. Sin embargo, la Constitución debe ser vista como algo más que el maquillaje del sistema antidemocrático. Por el contrario, la Constitución fue precisamente el mapa que nos permitió navegar hacia la transición. Con el paso de los años México emprendió una ruta para encontrarse con su versión escrita. Primero fue el quiebre del partido hegemónico, después fue la aparición de las tensiones entre poderes y, entre los pendientes, sigue estando la consolidación del federalismo.
Lejos estamos de poder decir que tenemos un perfecto sistema de partidos y una división de poderes sana; pero al menos esos dos nadie teme discutirlos, cuestionarlos o defenderlos. Por el contrario, el sistema federal sigue siendo un tabú. Los residuos de la hegemonía priista siguen impresos en acuerdos de coordinación fiscal, en el debilitamiento institucional de los estados en materia recaudatoria y en la relación de subordinación de las entidades frente a la Federación. Nuestra Constitución es clara al darle a los estados primacía sobre la Federación: “Las facultades que no estén expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados…”, dice el artículo 124. Y, sin embargo, en la práctica, la relación funciona a la inversa.
Este sexenio, por primera vez, el sistema presidencialista está poniéndose en duda más allá de los roces políticos del diario. Se trata de un desacuerdo de fondo: ¿Quién decide cómo deben gastarse los impuestos de los ciudadanos? Una de las ventajas del modelo federal es la capacidad de los estados de competir entre ellos en términos de innovación y desarrollo. Otra, es que les permite definir sus propias prioridades… lo que funciona en un estado, no necesariamente funciona en el vecino. Finalmente, les permite a los ciudadanos una relación más inmediata con quien está tomando las decisiones que impactan sus vidas. En el modelo actual, nada de esto es realmente posible y un grupo de gobernadores se están atreviendo a cuestionarlo.
Si un estado no puede planear, no puede definir prioridades y no puede distinguirse de sus vecinos, entonces no es un estado sino un departamento del Gobierno Federal. Los gobernadores hacen bien en cuestionar el recorte presupuestal desde una premisa federalista. El pacto federal no está en riesgo por ellos, está en riesgo por quien se rehúsa a aceptar que pase del papel a la realidad.
POR FERNANDA CASO
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