El pasado lunes el titular del ejecutivo federal dio a entender que los detenidos por el Caso Ayotzinapa y sus familiares podrían acogerse a la figura de “testigo protegido”, esa que tanto criticó en administraciones anteriores, para aportar elementos que rompan el “pacto de silencio” y permitan encontrar a los estudiantes desaparecidos y castigar a los responsables.
De ratificarse esta propuesta la ruta a seguir se parecería más al Caso Lozoya que otros emblemáticos del pasado reciente y se podría entender que lo que se busca no es justicia para los estudiantes y sus familiares, sino encontrar más culpables de los que ya existen, entre ellos autoridades de otras administraciones que presumiblemente fueron omisas o encubrieron algunas conductas ilícitas e incluso a los perpetradores.
Habrá que recordar que la historia de testigos protegidos en México no es favorable por donde se le quiera ver, ya que no logró procurar e impartir justicia como se pretendía y terminó afectando la reputación de muchas personas y sentó precedentes que no deberían repetirse. En otras latitudes tampoco ha sido la mejor herramienta para perseguir el delito y su eficiencia es relativa, por muy avanzados que estén los modelos y muy eficientes que sean sus operadores, empezando por el continente americano, ejemplos hay muchos.
Volviendo al tema de Ayotzinapa y más allá de lo que aporte la figura del “testigo protegido” e incluso “testigo colaborador”, el hecho de que la narrativa sea diferente y hasta la semántica jurídica haya cambiado, en el fondo la lógica básica indica que la denominada “verdad histórica” no puede ser borrada de un plumazo porque para que emerja la “verdad auténtica” deberá utilizar como sustrato mucho de lo investigado y actuado hasta ahora.
Si bien la verdad histórica adolece de algunas partes que no permiten conocer a detalle qué motivó el ataque a los estudiantes y qué fue lo que pasó aquella noche del 26 de septiembre, en los hechos tampoco puede desecharse, ya que se perderían piezas importantes del rompecabezas o al moverse al cambiarían el sentido de las cosas.
Lo más conveniente es que ambas verdades puedan convivir en esta nueva etapa de investigación, porque la “histórica” no acaba de morir y la “auténtica” no termina de nacer, la única verdad hasta ahora es que no hay verdad y habrá que construirla con las partes que empezaron a reunirse desde de últimas horas del 26 de septiembre y complementarla con lo que se vaya surgiendo. Cambiar todo solo por el hecho de demostrar que el presente es mejor que el pasado no conducirá a nada.
De no ser así la amplia lista de órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos pendientes de cumplir deja de tener sentido, ya que no tendría caso sancionar a alguien que dejo ir a los quienes no cometieron delitos, a menos que lo que busque sea venganza.
Sancionar a militares y policías federales ministeriales que ya causaron baja tampoco llevará a mejores resultados, pero tal vez atempere las demandas de algunos padres de los estudiantes. Será solamente una parada del “tren” que hoy por hoy tiene muchos conductores, pero escasa potencia, al menos así lo demuestra su avance, que en dos años apenas registra una parada y le faltan por lo menos otras cuatro por realizar.
Castigar las omisiones del pasado y dejar fuera el verdadero objetivo, que es saber dónde están los estudiantes y quiénes fueron los responsables de su desaparición para sancionarlos, no resuelve mucho y solo vaticina que al concluir el sexenio “los carniceros de hoy” podrían ser “las reses de mañana” y habrá que volver a empezar. [nota_relacionada id= 1257861]
Por FACUNDO ROSAS.
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL
rcb