Recuerdo una de las clases más interesantes cursadas en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Criminología era optativa y su mejor exponente, sin duda, el Doctor Luis Rodríguez Manzanera. Muchas de las ideas plasmadas en este artículo, están inspiradas en las enseñanzas del gran catedrático.
La razón más poderosa por la cual las autoridades no generan empatía con quienes sufren directamente la acción delictiva, es que las víctimas representan el fracaso del Estado en su misión de protección y tutela de los intereses generales. Su atención no es redituable, representa un severo costo político porque implícitamente es el reconocimiento de una estrategia fallida con nombre y apellido.
Cada vida segada, mujer ultrajada, menor huérfano a causa del crimen o sobreviviente de secuestro es un recordatorio permanente de la incapacidad para garantizar nuestra seguridad, una bofetada para fines de publicidad y popularidad. Por eso históricamente no ha sido rentable para los gobernantes tener la humildad de ejercer la autocrítica con quienes han sufrido de manera directa los efectos de la violencia. En este contexto, ningún presidente de México ha tenido el nivel de estadista para dar a víctimas la atención permanente que merecen y humanizar su ejercicio de gobierno. Lamentablemente tampoco Andrés Manuel López Obrador es la excepción.
La llamada 4T no tiene en su agenda política la atención a los deudos o familiares de más de 34 mil mexicanos asesinados en 2019, tampoco es parte de sus prioridades garantizar el derecho humano a la salud de aproximadamente 69 millones de personas cuyo bienestar y en algunos casos la vida misma depende de la atención que reciban en el sistema público de salud que debe proveer el gobierno, ahora por conducto de una ocurrencia denominada Insabi.
La improvisación e insensibilidad generalizada dentro del equipo presidencial y el cálculo equivocado de Hacienda para realizar una compra oportuna de medicamentos que provoca desabasto en las clínicas y hospitales públicos, es una irresponsabilidad criminal. ¿Cuántas muertes provocará tal ineptitud? La estrategia gubernamental es culpar a médicos, argumentar que las farmacéuticas emprenden un complot, descalificar a los medios o asegurar que los padres de niños con cáncer mienten y protestan en la calles para golpear la imagen del gobierno.
Ignorar o insultar a los afectados por la violencia y la falta de atención a los enfermos convierte nuevamente en víctimas a millones de mexicanos.
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EDICTOS
En la Suprema Corte de Justicia hay novedades en la estructura administrativa. Ha desaparecido la súper Coordinación de Comunicación Social y quien era titular de esa posición al inicio de la administración del ministro Arturo Zaldívar, ahora es la responsable del Canal de Televisión del Máximo Tribunal. Se trata de Yahalí David Bueno, muy cercana al abogado Raúl Cervantes Andrade. Hasta el domingo.
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POR ENRIQUE RODRÍGUEZ
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