¿Cuál es el argumento de Gobernación para solicitar al INE los datos biométricos de los ciudadanos?
La dependencia a cargo de Olga Sánchez Cordero asegura que México y Haití son los únicos países en el mundo cuya población no cuenta con cédula de identidad, aquella que garantiza, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, que cada mexicana y mexicano es una persona única y que no puede ser suplantada.
También sostiene al INE que la expedición de la cédula de identidad es un pendiente de más de 30 años del Estado mexicano, y ahora, que hay propósitos serios y claros para concretarla, asegura que surgen argumentos leguleyos para no contribuir a que niños y adultos puedan tenerla y, así, dar certeza jurídica sobre su identidad.
La Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población, es responsable del registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales en el extranjero, menores y mayores de 18 años, no solamente de ciudadanos en edad de votar, como los tiene empadronados el INE.
Gobernación asegura que la cédula de identidad se ha venido postergando por sexenios y ahora el gobierno ha iniciado esfuerzos que se están topando con pretextos legaloides de parte de los consejeros del INE. Segob ha solicitado la huella digital y el rostro de los ciudadanos con credencial para votar, no así su domicilio, sección electoral u otra información. ¿Para qué? Para avanzar en la expedición de la cédula de identidad.
La credencial para votar es un documento para los mayores de 18 años que deciden empadronarse. Pero niños y adolescentes mexicanos no tiene ningún otro documento de identidad, si acaso su credencial escolar, la de su equipo de futbol o la cartilla de vacunación. Ese es el argumento central del gobierno de López Obrador.
¿Y qué dice la contraparte?
El INE sostiene que Gobernación, en 1990, poseía el padrón electoral y era poco confiable su uso porque la base de datos se empleaba con intenciones políticas, por eso el instituto a cargo de Lorenzo Córdova no quiere entregarlo al gobierno de AMLO. En el órgano electoral también señalan que la reforma electoral de 1992, que obligaba al IFE a dar su base de datos para crear la cédula de identidad, se aprobó cuando el entonces Instituto Federal Electoral era una dependencia más del gobierno y el presidente del Consejo era el titular de Segob.
Pero una nueva reforma, cuatro años después, otorgó autonomía al ahora Instituto Nacional Electoral, por lo que se reforzó la confidencialidad y la rectoría de los datos. Y no sólo eso, sino que además de que en el 2000 se crea la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.
En definitiva, esta administración del INE, que empieza a ser ocupada por funcionarios de Morena, partido que quiere adelantar los relevos de los consejeros, no está dispuesta a entregar la información como pide el gobierno.
¿Cuál de las dos parte tiene la razón? Esa respuesta seguramente Manuel Bartlett la conoce muy bien. [nota_relacionada id=830631]
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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