A escasos cinco meses de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal en la que señala que el programa Mochila Segura viola los derechos humanos de los alumnos, se registraron los hechos del Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, razón por la cual oficialmente no podrá realizarse en escuelas públicas y privadas del país.
Si bien no hay total claridad en la forma en la que el alumno del Colegio Cervantes ingresó con dos armas de fuego al plantel, lo cierto es que el saldo es de dos muertos y seis heridos, así como una total indignación por parte de la ciudadanía y de las propias autoridades, incluida la CNDH.
Para no variar en la forma de reaccionar por parte de las instancias de gobierno, Seguridad Pública y procuración de justicia, al sitio llegaron decenas, si no es que centenas de policías, ministerios públicos y peritos, como si eso por sí solo resolviera el problema. Con un solo policía que hubiera estado en el exterior del plantel o en la puerta del mismo para detectar y evitar el ingreso de armas de fuego, sería suficiente, pero la recomendación de la CNDH dictaba lo contrario y ahí están las consecuencias.
Queda claro que las instrucciones dictadas por la CNDH a la SEP no son la única causa de la tragedia. El origen del problema es multifactorial e involucra valores, convivencia familiar y desarrollo psicoemocional sano, por lo que su solución tendrá que ser en los mismos términos, más allá de los aspectos jurídicos, políticos y sociales que siempre aparecen. Si realmente se quiere resolver a fondo esta situación, habrá que buscar una nueva categoría de análisis y de intervención en las escuelas y no sólo pronunciar discursos o enviar más policías y unidades caninas a los planteles, tampoco haciendo caso omiso a la Recomendación de la CNDH sobre el programa “Mochila segura”.
Aunque pensándolo bien y parafraseando al Presidente, cuando señaló que si hay que optar entre la ley y la justicia hay que decidir por la justicia, en este caso si hay que optar entre cumplir la recomendación (no aplicando el programa) o salvaguardar la integridad de nuestros hijos revisando mochilas, hay que optar por lo segundo.
En medio de esta discusión, a partir del 15 de diciembre en la CDMX y a pesar de que la jefa de Gobierno indicó que no tiene previsto poner en marcha el programa, muchas escuelas particulares, con la anuencia y participación de los padres de familia, decidieron retomar el programa, algo que ya venían haciendo desde años anteriores.
Ojalá las autoridades entiendan que antes de sus intereses políticos está la seguridad de los menores y en vez de buscar la forma de no hacer las cosas o culpar a los padres y hasta los abuelos de ser omisos en la atención de los niños, mejor retomaran las líneas discursivas del Presidente de la República y dieran respuestas inmediatas a la ciudadanía.
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POR FACUNDO ROSAS
EX COMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL
abr