Durante décadas se ha hablado de una reforma laboral de fondo: libertad, democracia y transparencia sindical; sueldos justos, combate al maquillaje de prácticas de outsourcing y al empleo informal que no otorga prestaciones de ley. Pero no es una cuestión únicamente de reformas, se necesita tener voluntad para implementar los cambios. En realidad, muchos de los reclamos de trabajadores están desde hace años contemplados en nuestras leyes y simplemente no se cumplen.
Este gobierno parece querer hacer un cambio profundo y, más allá de los motivos, es una buena noticia por los beneficios que traerá en términos de justicia social. El ejemplo más claro es el aumento al salario mínimo. Sin embargo, cuesta trabajo no ver la relación de este ímpetu con las exigencias de Estados Unidos y Canadá durante la renegociación del nuevo tratado de libre comercio, T-MEC, y, particularmente, con la reciente aprobación de la Ley de Implementación del tratado en el Congreso de Estados Unidos.
Lo que esta ley muestra es la falta de confianza por parte del gobierno estadounidense en nuestra capacidad de poner en marcha la Reforma Laboral por voluntad propia.
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Se ha hablado mucho de los cinco agregados laborales que Estados Unidos enviará a la embajada para supervisar los avances en la materia, pero las normas aprobadas van incluso más lejos. El subtítulo C de la ley establece la creación de un “Consejo Independiente de Expertos en Trabajo en México”. Este Consejo será un órgano del gobierno estadounidense y estará informando de manera periódica al Congreso sobre el comportamiento de nuestro país. Cada año, este organismo hará una determinación sobre si México ha cumplido o no con sus obligaciones laborales. Es decir, año con año México presentará indirectamente un examen frente al Congreso estadounidense sobre la forma en la que tratamos a nuestros propios empleados. Si no lo pasamos o si los agregados laborales encuentran fallas, estaremos en permanente riesgo de que Estados Unidos acuda a una instancia independiente de resolución de conflictos, inicie un procedimiento expedito por incumplimiento, denuncie el tratado (se salga unilateralmente) o simplemente no lo renueve.
No se trata, por supuesto, de que Estados Unidos esté muy inquieto por el bienestar de nuestros trabajadores. En el fondo, para ellos es una cuestión comercial: la falta de cumplimiento con los mínimos laborales permite a las empresas mexicanas tener productos más baratos con los cuales competir. Es realmente lamentable que tenga que ser Estados Unidos quien –preocupado por sus propios intereses económicos– genere la presión suficiente en nuestro país para pagar lo justo y proteger los derechos de los empleados. La buena noticia es que, independientemente del origen de las motivaciones, hoy estamos más cerca de la ansiada transformación laboral y que podremos ver los primeros mil 400 millones de pesos invertidos en el presupuesto 2020.
POR FERNANDA CASO
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