Hace algunos años, el Partido Verde presentó una iniciativa para prohibir el cobro de cuotas escolares alegando que la educación es gratuita a nivel constitucional, y aprovechó su aprobación haciendo gran alarde para propósitos electorales.
El derecho a la educación y su gratuidad son incuestionables, es deleznable el abuso en la petición de cuotas escolares, pero en las escuelas hay una larga serie de necesidades que requieren de la cooperación de los padres de familia para solucionarse, y el hecho de colaborar con la escuela hace que las familias se integren armónicamente a la comunidad educativa y apoyen su misión.
Que ningún niño se quede sin escuela por no cubrir alguna cuota, que se moderen los excesos y se castigue a quienes los cometen, pero no se atente contra el principio de subsidiariedad y contra la corresponsabilidad de los involucrados en la comunidad educativa.
La gratuidad en todo y para todos en los servicios de salud que el Presidente proclama, es hoy por hoy legalmente imposible.
Las modificaciones a la Ley de Salud que eliminaron al Seguro Popular y crearon el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) no la contempla para el tercer nivel, que cubre las enfermedades catastróficas.
Seguramente todos conocemos casos de personas que han sido atendidas de cáncer o leucemia en el Seguro Popular, y cuyas familias han aportado cuotas de recuperación durante su tratamiento.
Éstas se calculan según estudio socioeconómico, y se exime a las familias que están imposibilitadas para desembolsar dinero alguno.
El presupuesto de los institutos nacionales de Salud es actualmente de 32.6 mil millones de pesos. El 80% se recibe del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 20% restante de cuotas de recuperación y del fondo de gastos catastróficos del Seguro Popular.
Además, los pacientes compran insumos y pagan consultas; el total de aportaciones adicionales asciende a casi siete mil millones de pesos.
La palabra del Presidente pretende borrar de tajo este ingreso sin proveer una fuente alternativa.
La situación financiera de los Institutos de Salud se verá gravemente afectada, y la salud de los pacientes en grave riesgo.
Ante esta falta de previsión, o exceso de voluntarismo, ante esta irresponsabilidad, se hace necesario exigir respuestas claras y concretas: ¿de donde va a salir el dinero para completar el presupuesto necesario en el esquema del Insabi?
Las aportaciones de los pacientes, si se calculan con transparencia y se aplican con honradez, alivian las presiones financieras y ayudan a dar un buen servicio, corresponsabilizan a las familias, generan una comunidad.
La gratuidad absoluta es una meta a la que se llega con programas, planeación y presupuesto; no es cuestión de discurso, es cuestión de Estado.
Como en el caso de la educación, con la salud no se juega: lo barato cuesta caro, lo gratuito puede resultar contraproducente. [nota_relacionada id= 826410]
POR CECILIA ROMERO
COLABORADORA
@CECILIAROMEROC
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