Ante la incapacidad de la Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Gertz Manero, de dar resultados en el combate a la corrupción, delincuencia organizada y delitos de alto impacto se “anunció” un paquete de reformas para destruir la reforma al sistema de justicia penal. Teníamos la esperanza que con la transformación de la PGR a FGR se crearía una institución desde cero. Que ingenuos fuimos.
La FGR pudo haber nacido con mayor vigor, exigir más recursos para un nuevo sistema profesional de carrera para los fiscales encargados de investigar delitos federales. Nos encontramos con un fiscal general que no ha dotado de mayores recursos humanos, presupuesto, equipamiento y herramientas a su equipo de trabajo. Sin embargo, la FGR propone reformas que buscan poner en una zona de confort a su institución y de paso a las fiscalías generales estatales que tampoco han invertido en construir organizaciones solidas capaces de abatir la impunidad.
La culpa no es solamente de la administración de Gertz Manero, el desmantelamiento de la antigua PGR vino desde los dos sexenios anteriores. En sólo ocho años (2012-2020) han pasado por ese despacho entre procuradores, el eterno encargado de despacho Alberto Elías Beltrán (año y un mes al frente), y el nuevo Fiscal, ocho políticos. El promedio de duración de los más altos responsables de las investigaciones federales es de un año. Así no se puede construir una institución fuerte.
La FGR es un embudo de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto por la falta de recursos que tiene la FGR así como la nueva Fiscalía de Combate a la Corrupción.
Las reformas anunciadas, no presentadas, no están amarradas en el Congreso. Existe fuerte malestar en la oposición y en líderes de Morena como Pablo Gómez. Lo que vimos fue sólo un globo aerostático para medir la temperatura política entorno a las mismas.
El país sí necesita un Código Penal Nacional, la FGR requiere muchos recursos para fortalecerla institucionalmente. Los congresos estatales deben dotar de mayores presupuestos a sus fiscalías. Recordemos que más de 80 por ciento de la investigación de delitos son responsabilidad de los estados. Los poderes judiciales en estados y Federación deben dejar de ser cajas negras, rellenas de nepotismo, corrupción e impunidad
Llegó la hora de fortalecer la investigación e impartición de justicia. Se debe revisar el diseño legal y vigilar su trabajo diario y exigir resultados. De lo contrario veremos otra década perdida en seguridad y justicia.
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POR GERARDO RODRÍGUEZ
GERARDO_RSL@YAHOO.COM
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