La única forma de garantizar la continuidad de la vida democrática es a través de la construcción de instituciones que sean capaces de contener las ambiciones extralegales e ilegítimas de los hombres y mujeres del poder que, a pesar de conocer las reglas del juego, tienden a buscar la mayor concentración de facultades para permanecer la mayor cantidad de tiempo posible al frente del liderazgo de una nación.
El riesgo de la proliferación de instituciones garantes de la democracia, es la creación de una enorme burocracia costosa y que dificulte el funcionamiento de determinado gobierno.
Ésta ha sido la queja de los euroescépticos que insisten en que el aparato burocrático de Bruselas entorpece el funcionamiento de los gobiernos pertenecientes a la Unión. En su defensa, el argumento plantea que sin esos controles sería imposible mantener la disciplina que ha permitido a la Unión Europea funcionar como una entidad político – económica exitosa durante las últimas décadas.
Pero así como el libre mercado en lo económico tiene que ser regulado para evitar concentraciones monopólicas o dominantes, el poder político requiere de instituciones fuertes y legalmente sólidas para contener la ambición de los gobernantes. Ésta es la causa por la que la transición democrática mexicana tuvo que crear a lo largo de un par de décadas instituciones como el IFE, el INAI, la CNDH, y otras más que se volvieron indispensables para crear los contrapesos a los poderes Ejecutivo, e incluso, Legislativo.
El intento de reducir presupuestos y atribuciones a estas instancias por parte de la Cuarta Transformación, es producto de su concepción que considera innecesarios e ilegítimos a estos organismos cuyos costos tiene que mantener el erario público. La convicción de que esta burocracia debe ser eliminada termina por justificar la concentración del poder en el Ejecutivo que además hoy, tiene el control absoluto del Legislativo y buena parte del Judicial.
Acabar con programas como Prospera o el Seguro Popular, y hacer un uso irracional del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, termina por demoler instituciones vitales para la vida cotidiana de los ciudadanos.
Suponer que por decreto se puede sustituir un complejo sistema de asistencia social que ha dado probados resultados en los últimos años, por otro cuyo nivel de centralización e improvisación lo vuelve inviable, nos lleva a concluir que el único objetivo real es el de demoler instituciones creadas por la democracia representativa para ser sustituidas por otras de una democracia iliberal y profundamente autoritaria.
POR EZRA SHABOT
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