Un sistema educativo incluyente requiere responder a la diversidad y garantizar que todas las niñas, niños y jóvenes estén, aprendan y participen en la escuela.
Para lograrlo, se requiere de muchos factores simultáneos, empezando por el desarrollo integral de la primera infancia, pasando por maestras y maestros con los conocimientos, aptitudes y herramientas necesarias para garantizar el aprendizaje de sus alumnos.
También, es necesario un currículum flexible que se adapte a las personas, infraestructura escolar idónea y accesible, un sistema de apoyo para la identificación y eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, entre otros.
Hoy ya tenemos en México un marco normativo que establece a la inclusión como principio y criterio de la educación, reconoce las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos y obliga a las autoridades correspondientes a implementar medidas específicas que eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación.
Los tribunales no se quedan atrás, en 2019, desde Aprender Primero –brazo jurídico de Mexicanos Primero–, celebramos tres sentencias favorables para la inclusión educativa.
En febrero, un tribunal colegiado resolvió a nuestro favor y de forma definitiva, que los acuerdos celebrados entre autoridades federales y locales con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mismos que contemplaban condiciones de contratación contrarias a la legislación aplicable, son inconstitucionales y constituyen un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho a la educación.
En junio, un juez de Distrito nos concedió un amparo para garantizar a los jóvenes internos en la Comunidad de Tratamiento Especializado de Adolescentes San Fernando, en la Ciudad de México, una educación adecuada, adaptada a sus necesidades y que propicie una inclusión real en los sistemas educativos, a fin de revertir prácticas estructurales de exclusión y estigmatización contra ellos.
Finalmente, en octubre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió conceder el amparo a Citlali, una niña mazahua con síndrome de Down, y obligar a las autoridades educativas a cumplir con la obligación de garantizar su inclusión plena en la escuela, con recursos e información suficientes y acciones concretas para poner fin a la segregación.
Estas resoluciones son avances significativos, sin embargo, la inclusión sigue pendiente en la mayoría de las escuelas.
Entre otras cosas, debido a las omisiones de las autoridades educativas a nivel federal y local, a los recortes en el presupuesto educativo y al diseño e implementación de políticas públicas cuyo único foco es el acceso a la educación (becas).
Esto tiene que cambiar en 2020, necesitamos hacer realidad lo que ya está escrito en leyes y sentencias: un sistema educativo verdaderamente incluyente.
POR SANDRA CREIXELL
DIRECTORA DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE MEXICANOS PRIMERO
@SANDRACREIXELL
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