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FGR vs. UIF y la doctrina Nieto

OPINIÓN

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El conflicto entre instituciones de seguridad y justicia es una de las principales razones que explican los problemas de inseguridad, violencia y altos niveles de impunidad. Mientras que allá afuera la delincuencia está organizada, en el Estado hay instituciones frágiles, con debilidad presupuestal, problemas de recursos humanos, que tienen que sortear laberintos legales y con conflictos de poder.

La semana pasada el Presidente de la República salió a defender el trabajo de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), frente a las abiertas insinuaciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de que se viola el debido proceso por el hecho de que se hacen públicas las investigaciones por lavado de dinero. El doctor Nieto sostiene una doctrina jurídica que podemos interpretar de la siguiente manera: representa un bien mayor que la sociedad conozca cierta información sobre lavado de dinero, corrupción y actividades delictivas que afectan el bienestar y la seguridad nacionales en lugar de reservarla completamente para no comprometer el debido proceso de las investigaciones.

En gobiernos anteriores observamos un terrible pacto de impunidad entre la UIF y la PGR, donde la simulación de investigación era absoluta. En resumen, no se usaba la inteligencia financiera que produce la UIF para investigar casos de corrupción y delincuencia organizada. En buena medida esto explica el fracaso del Estado en el combate a la corrupción y la delincuencia.

Por lo anterior, sostengo que la llamada doctrina Nieto tiene claros puntos a favor. Primero, así como las empresas involucradas en casos de corrupción y lavado de dinero asumen el costo financiero de sus actos y, sobre todo, el daño reputacional que afecta su imagen, las personas que participan en estas actividades ilegales deben afrontar el escrutinio público para impedir que sigan operando en franca impunidad.

Segundo, el congelamiento de activos y la extinción de dominio son poderosas armas para combatir la corrupción y el crimen, conocer qué empresas, personas o funcionarios caen en estos supuestos es trascendental para evitar que continúen en actividades políticas y empresariales y dañen de manera indirecta a terceros o la misma sociedad por desvío de recursos públicos.

Por último, el que la UIF actúe con prudencia informando de sus acciones es una presión positiva a la FGR y otras instituciones encargadas de combatir el lavado de activos y delitos conexos que se encuentran íntimamente relacionadas con esta actividad criminal.

Por lo anterior, si la FGR no cuenta con las suficientes capacidades para procesar el cúmulo de denuncias presentadas por la UIF, pues que las exija. El Congreso tiene la responsabilidad de no escatimarle recursos y reformas legales al fiscal Gertz Manero.

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POR GERARDO RODRÍGUEZ
GERARDO_RSL@YAHOO.COM
@GERODRIGUEZSL

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