Desde 2008 existe un protocolo de atención para casos de extorsión telefónica en los gobiernos federal y estatal, sin embargo, este delito, lejos de disminuir, ha empeorado y comenzado a afectar a amplios sectores de la sociedad, incluyendo a periodistas.
Dicho procedimiento fue incorporado a cada una de las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro (UECS) que fueron integradas en todas las entidades federativas como resultado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad signado por los tres niveles de gobierno, los tres Poderes de la Unión y representantes de la sociedad civil el 21 de agosto de ese año en Palacio Nacional. Algunos de los asistentes a dicho evento siguen fungiendo como servidores públicos a nivel federal, mientras que otros siguen participando desde la sociedad civil, pero su escala de prioridades a todas luces es muy distinta, por lo que la atención a esta problemática ha caído a segundo o hasta tercer plano.
Al igual que el delito de extorsión ha evolucionado, el protocolo ha sido actualizado y perfeccionado; sin embargo, es evidente que ya fue rebasado por la cantidad de ilícitos que se cometen a diario, por lo que hoy la discusión ya no es sobre su existencia y vigencia, sino sobre si todavía es útil.
Lo que se desprende de los recientes casos, que han afectado a personas con presencia en medios de comunicación como el de la madre de Denise Dresser, es que dicho protocolo no se aplica, razón por lo cual la actuación de las autoridades encargadas de la prevención y persecución de este delito a nivel de calle y en los denominados centros de denuncia (911 y Consejo Ciudadano de la CDMX), parece diluirse entre el entramado burocrático donde lo que menos importa es la atención a la víctima.
Mientras esto sucede, las cifras indican que se denuncia menos de 0.2% de los casos que se cometen y que a partir de esta pequeña parte de la realidad se hacen los análisis y conclusiones que guían las acciones de las autoridades, incluyendo las referentes al origen de las llamadas que siguen apuntando a que se realizan desde los centros de reclusión.
Un cálculo elaborado a partir de los casos de extorsión denunciados ante el Ministerio Público y los recopilados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2019) del Inegi, indica que la cifra negra de este delito a nivel nacional es de 99.82%, es decir, se denuncia menos de uno por cada 100 que suceden.
Las entidades con la peor cifra negra de extorsión telefónica fueron Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala y Yucatán, con 99.99%; Sinaloa, con 99.97%; Guerrero y Coahuila, con 99.96%; y Puebla, con 99.94%. Las mejores fueron Tabasco con 99.66%, Querétaro, con 99.77%; y Estado de México, con 99.78%.
Un dato más alarmante que aporta la Envipe es que en 7.1% de los casos la víctima aceptó haber pagado, por lo que hace falta mayor profundidad en el análisis del fenómeno. No debemos olvidar que la extorsión telefónica no es un delito nuevo, ya que los primeros casos se registraron en Yucatán en 2001 y las víctimas fueron presidentes municipales, la mayoría de los cuales pagaron y tampoco denunciaron.
[nota_relacionada id=813722]
POR FACUNDO ROSAS
EX COMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL
lctl