Las organizaciones criminales colombianas han sido una escuela para sus compinches mexicanas, que han seguido al pie de la letra las estrategias de los grupos armados del país sudamericano con el cual comparten dos realidades innegables: la falta de un Estado de Derecho eficiente y la negativa de las autoridades para reconocerlo.
Por eso, en los últimos años, además del control de la droga (¿minucia?), tienen entre ceja y ceja el mismo objetivo: el control de territorio para el control económico.
No sólo de las actividades ilícitas, sino de las que son absolutamente legales. Si en tal región se produce aguacate, van por aguacate; si en aquella otra lo fuerte es la minería, van tras ella; si lo que deja es la madera, hacen desmonte y si la gente de tal zona apenas tiene para comer, no importa: le clavan impuestos como si fueran Hacienda y los obligan a trabajar para ellos.
En todos los casos se trata de la apuesta de grupos que tomaron el control que otros dejaron. Ahora mismo en Colombia nuevas bandas criminales o viejos grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o células disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) buscan tomar el lugar que liberó esta última organización tras el pacto de paz en 2015.
En México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ya sin la fuerza del Cártel de Sinaloa, explora sus propias oportunidades de dominio geográfico que pelea a otras organizaciones, células o simples vivillos que a punta de balazos e intimidaciones hincan el diente a la economía del país que sobrevive en la impunidad.
No es casual que los blancos de los asesinatos sean en últimos tiempos los defensores de la tierra o del medio ambiente (Colombia ocupa el segundo lugar mundial por este delito; México, el sexto, según el último ranking de la organización Global Witness). Es porque se oponen al control de territorio.
Entre los mexicanos, Julián Carrillo, activista rarámuri en la sierra Tarahumara que rechazaba un proyecto de minería en la región, o José Luis Álvarez, en Tabasco, por proteger la madera y una especie de mono en riesgo: el saraguato, o el asesinato de 47 miembros de una familia que vive en una comunidad rica en oro en Guerrero, por mencionar algunos casos.
En Colombia: el despojo a campesinos de sus tierras está a la orden del día en Tumaco, ubicado en una zona selvática ideal para la siembra de coca y otros cultivos legales; en la ciudad portuaria, el ELN se apoderó del territorios donde las FARC dejaron abandonada una mina ilegal de oro y los indígenas del Cauca, organizados para defenderse, están bajo fuego.
Curiosamente los gobiernos de ambos países han respondido de la misma manera: construyendo carreteras, acueductos, escuelas, redes eléctricas y hospitales. Bien por ello, pero eso equivale a regalar un lápiz labial a un enfermo de cáncer cuando lo que se necesita es una quimioterapia al sistema de justicia que permite la avaricia.
POR GARDENIA MENDOZA
*PERIODISTA
ORBE@HERALDODEMEXICO.COM.MX
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