El 28 de enero de 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó las conclusiones de la investigación que esa dependencia realizó sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. En aquella ocasión, Murillo aseguró que los 43 normalistas fueron privados de la libertad, asesinados, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, entre los que se encontraban policías municipales de Iguala y Cocula. Lo que calificó como la “verdad histórica de los hechos”.
Desde el primer momento, esas conclusiones y ese calificativo fueron duramente cuestionados. ¿Y cómo no? Las confesiones de los presuntos responsables, en las cuales se sustentaba la indagatoria, se obtuvieron bajo tortura, de lo cual hay datos “objetivos y contundentes”, según me aseguró, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, en una entrevista que le hice para Notimex.
Esta noche se cumplen cinco años de aquel 26 de septiembre de 2014. Y hay que empezar de cero.
En el primer decreto firmado por Andrés Manuel López Obrador como presidente, ordenó la creación de una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Hoy sabemos que la Fiscalía reiniciaría por completo la investigación, luego de reconocer que las pesquisas realizadas anteriormente estuvieron plagadas de irregularidades.
Incluso, Alejandro Encinas aseguró que las nuevas evidencias con que cuenta la Comisión a su cargo permiten suponer que los estudiantes normalistas desaparecidos permanecen en el estado de Guerrero y reiteró que el compromiso del gobierno federal es “encontrarlos pronto”. Respecto al hecho de iniciar la investigación de punto cero, el abogado Rosales me dijo que “no hay otra ruta y que la más efectiva debe ser retomar otras líneas de investigación, entre ellas, las 11 que resultaron de las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.
El martes pasado, la Fiscalía General de la República realizó trabajos de búsqueda de los estudiantes desaparecidos en un basurero del municipio guerrerense de Tepecoacuilco, aproximadamente a media hora de Iguala, luego de realizar cruces de información y priorizando los lugares con mayor probabilidad de éxito para localizarlos.
Cinco años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pareciera haber una suma de voluntades y esfuerzos renovados para encontrar una nueva verdad; una verdad que no deje lugar a dudas; una verdad que esclarezca plenamente qué ocurrió aquella noche, una verdad que no permita la impunidad, pero sobre todo, una verdad que alivie el dolor de las familias de los jóvenes.
POR GABRIEL BAUDUCCO
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