Durante el proceso electoral de 2018, el entonces candidato López Obrador propuso presentar una iniciativa de ley de amnistía lo que en su momento suscitó una gran polémica.
Aun cuando se había anunciado que la iniciativa se presentaría al inicio del periodo ordinario de sesiones con carácter de preferente, para ser dictaminada en menor tiempo, el Presidente decidió esperar para enviarla en el marco de los festejos por el aniversario del inicio de la lucha de Independencia, para conmemorar así la liberación, en 1810, de personas encarceladas injustamente.
En su exposición de motivos, la iniciativa remitida por el Ejecutivo establece que existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas, por lo que reitera su compromiso para aliviar las injusticias que padece el pueblo de México, entre ellas, la carencia de posibilidades de acceder a la justicia pronta y expedita y por ello su decisión de promover la ley de amnistía.
El proyecto señala que en ningún caso dicho ordenamiento beneficiará a quienes incurrieron en delitos graves. Por lo tanto, no gozarán del beneficio de la amnistía quienes hayan participado en ilícitos relacionados con delincuencia organizada, violación, trata de personas, secuestro, lesiones, homicidio o reincidentes.
Fundamentalmente, la ley de amnistía buscará dejar en libertad a jóvenes imputados por delitos contra la salud, por ser consumidores acusados de narcomenudeo, o porque por pobreza o amenazas participaron en ilícitos. En términos generales, la iniciativa solo contempla liberar a quienes hayan cometido delitos menores.
Un aspecto a destacar es la propuesta para otorgar amnistía a mujeres que se hayan practicado aborto así como a médicos o parteras que hayan participado en ellos.
Uno de los puntos que más se ha resaltado es la propuesta de beneficiar a quienes son considerados como presos políticos o de conciencia al igual que a personas indígenas que no tuvieron una defensa adecuada, pues fue uno de los ofrecimientos de campaña del Presidente. Cabe recordar que en lo que va de este gobierno se han liberado al menos a 31 personas de un total de 199 que fueron integrados en una lista elaborada por la senadora Nestora Salgado.
De acuerdo con lo expuesto en el proyecto será la Fiscalía General de la República responsable de verificar que se cumplan con las condiciones para poder aplicar la amnistía y en el caso de los presos políticos la responsabilidad recaerá en la Secretaría de Gobernación.
La iniciativa será presentada por la fracción parlamentaria de Morena en la cámara baja que la turnará a comisiones para ser dictaminada y posteriormente votada en el pleno, donde es previsible que el dictamen se aprobará dado la mayoría legislativa conformada por Morena, PT, PES, PVEM y otros legisladores. Una vez aprobado en Diputados, el decreto pasará al Senado donde la cosa no está tan fácil.
POR GABRIEL BAUDUCCO
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