José Nabor llegó agitado a su lugar en la mesa para hablar sobre desigualdad en la Facultad de Economía de la UNAM. Comenzó su ponencia, una de sus primeras apariciones públicas desde que fue nombrado secretario ejecutivo de Coneval, recordándole a su auditorio que en México hay 52.4 millones de pobres y 71.1 millones con carencia de seguridad social.
En pocos minutos, se adentró a contar los detalles de “las reuniones con funcionarios federales que estamos coordinando”. Los funcionarios, dijo, aceptan “una problemática, llamémosle de esa manera, y tienen voluntad de hacer cambios”.
La “problemática” no es menor. Existe un subejercicio en programas sociales del gobierno federal de más de 21 mil millones de pesos, de acuerdo con un análisis publicado por Expansión. Según datos de Hacienda analizados en esta columna en julio, las secretarías más afectadas son las que tienen mayor carga en los programas estrella del obradorismo: Bienestar y Educación.
Luis Monroy-Gómez-Franco, especialista en análisis de desigualdad, dijo para esta columna que han encontrado serios problemas en el diseño metodológico del llamado censo del Bienestar, porque “no permite recabar información indispensable para el diseño e implementación correcta de la nueva política social”. El cuestionario no se ha levantado realmente como un censo, porque no hay evidencia de que se haya hecho de casa en casa, la secuencia de preguntas no es clara y le faltan otras que los especialistas consideran indispensables para saber si una persona realmente necesita ayuda del gobierno.
Han pasado nueve meses desde que comenzó la administración obradorista, pero aún el gobierno no cuenta con datos públicos sobre quiénes son los beneficiarios del Censo. En enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya había contado a 20 millones de familias. En junio, dijo que eran 14 millones de personas. En las declaraciones de Nabor, este número cambió de nuevo. “Ya tuve reunión con Gabriel García, que es el coordinador del famoso censo de Bienestar. Me enseñó la plataforma del censo. Hay más de 20 millones de registros en ese censo, que próximamente se va a hacer público”, dijo en la UNAM.
Y añadió: “Los secretarios de Estado, al menos con los que yo me he entrevistado, tienen la noción y la claridad de que hay algunas coyunturas que no están permitiendo el ejercicio eficaz”. Esos mismos secretarios, según él, están abiertos a “hacer una reestructuración o dirigir en un camino alternativo nuestros programas”.
En las próximas semanas comenzará a discutirse en México el presupuesto federal para 2020, mientras la economía crece a 0% y miles de personas siguen esperando las ayudas prometidas. Veremos en los próximos meses cuántos reciben, a cuántos les falta y cuánto están dispuestos los secretarios de Estado a modificar de los planes federales para que los discursos y las promesas se cumplan en los hechos.
POR PENILEY RAMÍREZ
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