Faltaban tres meses para que terminara la administración de Felipe Calderón y en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los empleados de mayor confianza de la coordinación de asesores del secretario, llevaban horas apostados en un pasillo, destruyendo documentos.
“Destruimos tantos documentos que se rompió la máquina trituradora”, me dijo una de las personas que participó, cuando investigaba el caso para Univision.
La destrucción era una de sus tareas como parte de El Proyecto Secreto. Durante meses, a finales de 2012, un grupo de funcionarios de la SSP trabajó secretamente para ICIT, una compañía de seguridad, propiedad de la familia Weinberg, amigos del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, según testimonios y documentos.
En esta versión, cobraban en el gobierno, pero dedicaban su jornada laboral y la información que tenían en beneficio de la empresa. La historia de El Proyecto Secreto tuvo una estrecha relación con la Policía Federal, hoy en medio de una polémica por el anuncio de su desaparición en los próximos 18 meses, la ola de protestas de policías y la advertencia de López Obrador de que ese cuerpo está bajo investigaciones federales por corrupción.
En 2008, la compañía Nunvav, también propiedad de los Weinberg, vendió a la Policía Federal el software de seguridad israelí NiceTrack, especializado en análisis de datos.
Cuatro años después, los empleados de ICIT también usaban NiceTrack. El área de datos en ICIT era coordinada por Jorge Uribe, en ese momento, simultáneamente, líder de proyectos de investigación en la coordinación de asesores de SSP, de acuerdo con testimonios y correos que obtuvimos.
Durante el sexenio de Peña Nieto, Uribe dirigió la unidad de asuntos internos de la Policía Federal, encargada de investigaciones de presunta corrupción. Él no aceptó una entrevista sobre el caso cuando publicamos.
El Proyecto Secreto se extendió al uso privado de datos de Plataforma México, según los testimonios. La familia Weinberg negó que se usaran en sus oficinas datos confidenciales del gobierno. Pero otros correos que publicamos en marzo muestran que existía allí un área de “datos cerrados”, es decir, que no eran de acceso público. En 2012, quien se encargaba de esa parte en ICIT coordinaba al mismo tiempo el análisis de información en Desarrollo Policial de la SSP.
Después de la publicación, un empleado de la Secretaría de la Función Pública me aseguró que varios casos de presunto uso privado de recursos públicos en la SSP estaban en la mira de la administración obradorista. Si las investigaciones a la SSP no son más que un pretexto para desaparecer un cuerpo civil policiaco, en los próximos meses deberíamos conocer mucho más de cómo supuestamente se usó el presupuesto para fines privados, si hubo beneficiarios ilícitos y cuánto de lo que supieron y participaron los jefes no quedará impune.
POR PENILEY RAMÍREZ
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