En los últimos días, un tema central en la agenda política en México ha sido el cambio de secretario ejecutivo en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el organismo que evalúa los programas sociales enfocados a la población de menores recursos.
Gonzalo Hernández Licona, el secretario saliente, dijo en entrevistas que “la medición y evaluación de pobreza son importantes, aunque en ocasiones incómodas” y que, más allá de su salida, el gran baluarte para la independencia del Coneval es su sistema de gobierno a través de investigadores académicos, que funcionan como consejeros independientes.
En Palacio Nacional, le respondían que el organismo ha sido oneroso para el Estado y que evalúan su desaparición. Más allá de una eventual eliminación, aún remota, dos fuentes con conocimiento del caso explicaron para esta columna que el gobierno obradorista podría tomar dos caminos para tener mayor control interno de este organismo. Ambas deben pasar necesariamente por la elección de los consejeros.
El Coneval fue creado en 2005, como un ente descentralizado, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (hoy, de Bienestar). En 2014, una reforma legal lo convirtió en autónomo. Esta requería una ley secundaria. Han existido varios intentos para aprobar esa ley, pero no se ha hecho. Entre otras funciones, la ley regularía la elección de sus seis consejeros independientes, que conforman la mayoría de votos para las elecciones de mayor envergadura en el organismo. Legislar ahora en esta materia haría que se elijan nuevos consejeros.
El otro camino sería la sustitución de los consejeros. Los actuales, en condiciones normales, deberían haber quedado en sus puestos cuatro años, pero un acuerdo tomado también en 2014 determinó que se quedaran en sus funciones hasta que se aprobara una ley secundaria y la Cámara de Diputados aprobara la integración de un nuevo Consejo General.
Fueron electos por un periodo de cuatro años con un sistema de 44 votos en el que participaron entes del gobierno federal, los estados, organizaciones de municipios y el Congreso. Actualmente, los consejeros no saben cuál partido votó por ellos, dijo una de las fuentes que participó en el proceso de su elección.
Una paradoja de este sistema es que una nueva ley generaría una autonomía institucional y formal, pero también una cuota de partidos.
La respuesta de Coneval al informe divulgado por Presidencia es la primera distancia pública que pone su nuevo secretario ejecutivo, José Nabor Cruz Marcelo, con la Presidencia. El reto de los próximos meses será defender esa independencia, en la evaluación de un tema muy sensible para el actual gobierno: la utilidad y buen funcionamiento de los programas sociales. Los contrapesos institucionales y no formales jugarán un papel primordial en vigilar que Cruz Marcelo no se quede solo en este empeño.
POR PENILEY RAMÍREZ
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