El dueño de Grupo México, Germán Larrea, debería tomar en serio los reclamos de la sociedad expresados a través de los legisladores, de las organizaciones ambientalistas y del mismo gobierno federal por los daños causados al medio ambiente por los derrames de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.
Ya no es como antes que tenía cuates en el gabinete que le hacían todo tipo de favorcitos para taparle sus cochinadas y truchimanerías, y evitar que le retiraran las concesiones para operar sus minas.
El viernes pasado, el Presidente de la República le hizo saber al empresario que “ya no es como antes, que se otorgan permisos y concesiones a diestra y siniestra sin tomar en cuenta la opinión de la gente y los impactos ambientales. Ya no hay privilegios para nadie; no hay ningún poder político por encima de la justicia en el país; no son los grupos de intereses creados los que deciden; hoy existe una separación clara entre poder económico y poder político; el gobierno representa a todo el pueblo de México y su misión principal es procurar su felicidad”.
Antes de cualquier medida drástica, Andrés Manuel López Obrador declaró que escucharán a la empresa, dialogarán y buscarán un acuerdo, pero dejó entrever: si no hay posibilidades de corregir los daños causados a la naturaleza, al medio ambiente le retiramos la concesión. Por lo pronto, la Profepa le clausuró una terminal portuaria el fin de semana.
Desde hace 15 días, cuando ocurrió el derrame de ácido sulfúrico y empezaron las protestas, el empresario ha mostrado, como es su costumbre, una actitud prepotente, minimizando los daños causados a la naturaleza y a la salud de los habitantes de la región; incluso ha dicho a sus accionistas que “le van a hacer lo que el viento a Juárez”, lo que ha calentado el ambiente político y causado indignación en la sociedad.
El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó la semana pasada a la Semarnat, Cofepris, Profepa, SCT y Fiscalía General de la República, que de manera urgente investiguen las causas del derrame de ácido sulfúrico registrado en el Mar de Cortés, en la zona de Guaymas, Sonora, a fin de aplicar las sanciones que correspondan y resarcir el daño, así como realizar estudios para descartar riesgos a la salud humana y a los ecosistemas afectados. Uno de los puntos del acuerdo insta a la FGR a realizar las investigaciones conducentes a deslindar la responsabilidad penal por la posible comisión de hechos ilícitos con motivo del derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, por parte de la Empresa Metalúrgica de Cobre S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo México.
¡Aguas Germán, no te vaya a pasar lo que a Juan! Recuerda que Salinas ya no te puede ayudar. Y aunque argumente que para cancelarle las concesiones debe haber un largo proceso, causales, pruebas, etcétera; que hay que observar la Constitución y tomar en cuenta el posible impacto económico, político y social, nada de eso impedirá que lo ejecuten con una acción de ese tipo.
POR LUIS SOTO
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