No cabe duda que el sello del gobierno de Enrique Peña Nieto fue la corrupción que alcanzó niveles inimaginables, dejando una estela de expedientes en su contra y de varios miembros de su gabinete, que siguen acumulándose en el escritorio del presidente López Obrador. Sin embargo, la conducción de la política de seguridad del Estado fue desastrosa y presuntamente también hay indicios de corrupción y la comisión de presuntos delitos que deben investigarse.
De acuerdo con varias fuentes consultadas, el surgimiento de autodefensas en el sexenio de Peña fue resultado de una operación gubernamental que puso armamento de uso exclusivo del Ejército en manos de grupos civiles, denominados autodefensas, gracias a la intervención de los entonces responsables del operativo federal en Michoacán.
Diversos testigos afirmaron en ese momento que, además del armamento que en algunos casos les fue proporcionado y en otros supuestamente legalizado, fueron capacitados por elementos de la Policía Federal y contaron con la protección de las Fuerzas Armadas para emprender la cacería de La Tuta y Los Caballeros Templarios.
Desde su despliegue, el 23 de febrero del 2013, hasta el desmantelamiento y captura del capo, transcurrieron sólo dos años, un tiempo relativamente corto para el nivel de control institucional y respaldo social que había logrado el cártel de Los Templarios en Michoacán. Sin embargo, al mismo tiempo que este grupo retrocedía, otra organización delincuencial expandió su poder hacia el estado: el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El debilitamiento de Los Templarios no produjo ningún resultado en materia de combate al tráfico de drogas y desmantelamiento de la economía extorsiva, que tenía a cientos de productores asediados por cobros de piso y cuota, y por el secuestro.
Por el contrario, puso bajo control de otro cártel un estado codiciado por ser punto de entrada de precursores químicos para la fabricación de “meta”, a través del puerto de Lázaro Cárdenas.
Todo esto ocurría con la aparente complicidad de altos funcionarios de seguridad federales, que lo mismo fueron vistos acordando con miembros del Cártel de los Valencia, o apoyando a un grupo conocido como Los Viagras para encabezar la búsqueda de Los Templarios.
Se trató de una operación a todas luces ilegal que debe ser investigada a fondo por el gobierno de López Obrador, puesto que hubo presunta complicidad de la autoridad para facilitar armamento a grupos de civiles que se hicieron pasar por autodefensas y aún operan en el estado con toda libertad.
Baste recordar que el 27 de mayo pasado un grupo de soldados fue retenido en el municipio La Huacana, por personas identificadas como autodefensas que solicitaban el retorno de su arsenal, situación que fue aceptada a cambio de su liberación. El actual deterioro de la seguridad en Michoacán está relacionado con las decisiones del anterior gobierno federal, que actuó fuera de todo cauce institucional habilitando a grupos al margen de la ley como autoridades. Hace tiempo se sabe que ahí “todo el mundo está armado”, la pregunta es: ¿cómo va a convencer la Guardia Nacional a la población de que entreguen las armas, si ya le dijeron que no al Ejército?
POR ASAEL NUCHE
DIRECTOR DE RIESGOS DE ETELLEKT