La semana pasada, en una entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Radio, el sacerdote Alejandro Solalinde puso el dedo en uno de los renglones humanitarios más sensibles y complejos de años recientes: “El gobierno federal –dijo– no se encontraba preparado para afrontar el fenómeno de la migración, un tema que durante mucho tiempo subestimaron otras administraciones”.
La declaración de Solalinde pone en contexto la crítica realidad de una de las fronteras más porosas del mundo, una boca abierta por donde han transitado millones de personas, productos y armas durante décadas.
La porosidad de la línea divisoria entre dos países, combinada con la corrupción de las autoridades y las actividades del crimen organizado propiciaron, en el largo plazo, una crisis de derechos humanos que en la frontera sur reprodujo los excesos y el mal trato que México reclamaba a Estados Unidos en la frontera norte.
La crisis migratoria en la frontera sur representa uno de los ejemplos más claros y documentados de las herencias negras transmitidas por las administraciones priistas y panistas al gobierno de López Obrador.
Presionado por el controvertido acuerdo alcanzado con Trump hace unas semanas en Washington, el gobierno de AMLO intenta ahora lo que ninguno decidió hacer antes: sellar la frontera sur a la migración de países como Guatemala, El Salvador y Honduras.
Esta decisión pasa por encima, por primera vez, de ciertos principios que México había invocado durante largo tiempo para evitar el papel de muro de contención a la migración centroamericana.
La decisión de sellar la frontera envuelve riesgos y oportunidades. El riesgo es que el acuerdo de Washington mute rápidamente en una crisis humanitaria que ya ha empezado a manifestarse con la cacería de personas y la muerte de migrantes en las últimas semanas, como el joven salvadoreño que hace unos días murió con su hija metida dentro de la camiseta, intentando cruzar el río.
En cuanto a la crisis migratoria como una oportunidad, el gobierno de López Obrador tiene enfrente una tarea de una dificultad incalculable: sellar y ordenar la línea divisoria, evitando replicar los excesos y la violación de derechos humanos que convirtieron a la frontera sur en un paso infernal para los migrantes.
Esta tarea monumental descansará sobre dos de los personajes más visibles en la 4T: el canciller Marcelo Ebrard, a quien el presidente López Obrador designó como encargado de cumplir el acuerdo de Washington, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
El general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, explicó que para sellar la frontera sur han sido desplegados 6 mil 500 oficiales de la Guardia Nacional en las rutas de internamiento (Costa, Centro y Golfo), 2 mil en la franja de contención del Istmo y 2 mil en la franja fronteriza, así como 19 embarcaciones en las rutas marítimas y fluviales. ¿Será suficiente todo ese despliegue para cerrar la frontera más porosa del mundo?
POR WILBERT TORRE
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