El histórico Acuerdo de París que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, fue ratificado en el texto de la declaración final de la cumbre anual de Osaka del G20, cuyos países aglutinan 80 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) mundial; de los cuales, la excepción fue Estados Unidos, que no se sumó al consenso en materia climática.
A pesar de que Estados Unidos es el segundo emisor de CO2 (dióxido de carbono), su presidente, Donald Trump, decidió abandonar a mediados de 2017 el Acuerdo de París, rechazando todo argumento científico, y señalando que dicho tratado ambiental no le permite a su país utilizar sus recursos energéticos, impidiéndole su expansión industrial al ofrecer ventajas competitivas a China e India.
Este pacto climático marca una ruta para que los 195 países signatarios limiten el calentamiento global en dos grados centígrados con respecto a la era preindustrial, manteniendo el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 0C , y haciendo los esfuerzos necesarios para que no sea superior a 1.5 0C, lo cual implicaría graves riesgos.
En un contexto de tensiones geopolíticas y políticas proteccionistas, el tema del cambio climático fue uno de los problemas que abordaron los líderes mundiales en la cumbre de Osaka, del Grupo de los 20, donde la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, trabajaron de la mano para que el tema climático estuviera contenido de manera clara y con un lenguaje enérgico en el documento final de la cumbre.
En este entorno, hay algunas señales esperanzadoras sobre la adaptación y resiliencia a los efectos adversos del cambio climático y un desarrollo con bajas emisiones de carbón, entre ellas, podemos mencionar que desde 2017, Inglaterra, uno de los países más industrializados, dejó de utilizar carbón como fuente primaria de energía.
Mientras que el Parlamento británico, el pasado mes de mayo, aprobó una moción del partido Laborista, donde sostiene que el cambio climático es la mayor amenaza para el planeta y la vida, ante lo cual es necesario tomar medidas urgentes, siendo el primer país que reconoce oficialmente el estado de emergencia climático.
Teniendo como antecedente la decisión del Banco Mundial de no financiar más proyectos de hidrocarburos después de 2019, el Parlamento irlandés aprobó el año pasado una ley que obliga a retirar dinero público invertido en empresas de petróleo, carbón y gas, para enfocarse en las energías renovables.
Sin embargo, el trecho por recorrer es aún largo, así lo expresan los indicadores de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que en un reciente estudio señala que en 2018 la demanda de energía creció 23 por ciento y que las emisiones de CO2 registraron un incremento de 1.7 en relación con 2017, lo cual exige tomar decisiones más radicales en todos los frentes, para enfrentar uno de los desafíos más amenazadores de la humanidad.
Por Manuel Rodríguez González
Miércoles 22 de Enero de 2025