Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró con firmeza que México tiene “cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252 mil 358 desde 2006”. Quizás la información no nos sorprendió, pero sí que a continuación añadiera que con Andrés Manuel López Obrador la situación no se ha revertido. Frente a la insistencia de AMLO en que la violencia se reduce cada día, la evidencia señala lo contrario. Más ridículo es que el gobierno, carente todavía de una estrategia concreta, sugiera que pronto va a desaparecer. Aunque es importante destacar que la medición de la violencia, como se plantea actualmente, debe sufrir variaciones.
Todo indica que la creación de la Guardia Nacional, una necesidad después de que la negligencia de Peña Nieto frenara el crecimiento de la Policía Federal, operará de la misma manera, sujeta a idéntica estrategia que durante el periodo de Felipe Calderón, aunque con militares y no con civiles; gran peligro a la vista. En aquella PF, el mando era civil, los policías, también civiles, con controles de confianza y en su mayoría con estudios de licenciatura. Se debe destacar que países que tienen Guardia Nacional, (Venezuela, por ejemplo) no tienen reducción significativa de los índices de violencia. A pesar de las palabras en campaña e, incluso, de las que pronuncia en sus conferencias, el Gobierno actual va con la operatividad de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado. Quizás, frente a quienes señalan un día sí y otro día también que es impostergable cambiar de estrategia, haya que decir que a lo mejor no hay otra, con el consiguiente reconocimiento a las decisiones que en su momento adoptó Calderón, a las que dio cierta continuidad Peña Nieto y que ahora asume con absoluta naturalidad López Obrador.
Son loables las palabras de Bachelet instando a combatir la impunidad en la violación de los Derechos Humanos, pero en el clima actual de la violencia en México, se antojan retóricas. Si en verdad fuera auténtica la preocupación por velar por esos Derechos, con seguridad el Gobierno habría promovido a un civil al mando de esa fuerza. El hecho de que AMLO nombre a un militar quiere decir que el combate al narcotráfico es un casus belli, que requiere al frente a un militar y no a un civil. Esta situación exhibe un asunto en que apenas se ha reparado en esta administración: el tamaño del problema. Las decisiones de un Presidente siempre están condicionadas por el problema a resolver. Bachelet aseguró que se le daría seguimiento a la actuación de la nueva fuerza, que se capacitará a los integrantes, que exigirá rendición de cuentas, etcétera.
Todo esto está muy bien y se agradece. Sin embargo, la opacidad con que se conduce esta administración también alcanzará a la Guardia Nacional.
DIACRÍTICO. Cualquier día, como ya ha sucedido con el huachicol, el Presidente anunciará el fin del crimen organizado y, mientras, militares, marinos y policía federal estarán enfrentando una guerra terminada.