En 2010 se puso en marcha el Proyecto Integral Morelos. Éste incluye la construcción y operación de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado, un gasoducto y un acueducto.
Se localiza en Huexca, Morelos, y abarca también regiones de Puebla y Tlaxcala. En total, 27 municipios en donde habitan aproximadamente 960 mil 860 personas. Este proyecto fue suspendido en varias ocasiones porque la población interpuso amparos ante riesgos de impacto ambiental en una zona agrícola, la afectación a sus tierras de cultivo, así como por contaminación del agua o su posible escasez.
Pero, sobre todo, porque en su inicio no se cumplió lo establecido en el artículo 6° del Convenio 169 de los Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, ni el artículo 2, apartado B, fracción Novena de nuestra Constitución. Porque resulta que es una región habitada por indígenas, aproximadamente 50 mil personas a las que se les privó del derecho a la consulta previa, libre e informada como lo establece el Convenio 169 y lo obliga la Constitución.
Ante la denuncia de la violación a este derecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió para reparación del daño, una recomendación sobre las violaciones a los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas. No obstante esta recomendación, y que aún no se conoce su resolución, el gobierno federal convocó, el 23 y 24 de febrero, a una consulta para sustentar la decisión de que la termoeléctrica opere.
Llama poderosamente la atención de que, en su entonces calidad de dirigente nacional de Morena, en 2014, el actual Presidente de la República prometió a los habitantes de Tlalquiltenango, Morelos, apoyarlos para evitar la construcción de la termoeléctrica.
Una vez más, mediante el resultado de una consulta de un simple “sí” o “no”, se toma la decisión acerca de un proyecto estratégico. Asegura el Ejecutivo Federal que ganó el “sí”. Sin embargo, una verdadera consulta sobre el Proyecto Integral Morelos debe estar acompañada de información completa, sobre la afectación a las tierras agrícolas, ríos y caudales. Es posible llegar a acuerdo e incluso lograr el consentimiento, pero es requisito indispensable hablar con la verdad. Lo he dicho: estamos ante la posibilidad histórica de, ahora sí, hacer las cosas bien.
De responder a la recomendación de la CNDH, proporcionar la información, realizar una auténtica consulta a comunidades indígenas; proponer opciones para reparación de posibles daños ambientales y dar alternativas y beneficios. Por ello, propuse un punto de acuerdo para exhortar al Presidente a que informe sobre el cumplimiento y avance de la recomendación de la CNDH, con el propósito de respetar los derechos de los pueblos indígenas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Esto es lo que reclaman las comunidades indígenas que serán afectadas.
@xochitlgalvez