El Congreso de la Ciudad de México ha demostrado que la primera Legislatura está muy lejos de actuar con pulcritud legal, lo increíble es que tienen en sus manos la facultad de modificar la normatividad que no les guste, hacerla más laxa, porque el grupo parlamentario de Morena es mayoría, así no tendrían que estar violentando permanentemente la ley. La coordinación de servicios parlamentarios ha sido incapaz de evitar los errores de los diputados.
Es claro que la mayoría de los diputados no ha leído el artículo 29 de la Constitución que se refieren a las responsabilidades del Congreso; ni la Ley Orgánica ni el Reglamento que norma su trabajo y quizá no los lean en los tres años que tengan la responsabilidad.
Entonces, servicios parlamentarios debería asumir esa conducción para que los legisladores se ajusten a lo que pueden hacer, pero no es así, quizá porque la titular del área es pedagoga, cuota del diputado Eduardo Santillán.
A alguien en el Congreso se le ocurrió cambiarle de nombre a una comisión, de Cultura pasó a Derechos Culturales, sin que mediara una modificación a la Ley Orgánica del Congreso, porque en el artículo 74 están enunciadas todas las comisiones de carácter permanente que tiene el Legislativo.
Al inicio de este mes, en la Gaceta Parlamentaria se registra a una convocatoria de la Comisión de Cultura a la tercera sesión ordinaria; para el día 7 de febrero solicitan la ampliación del turno de la iniciativa de Ley del Sistema Público de Radiodifusión; pero el oficio 156 de la Junta de Coordinación Política del 8 de febrero informa de la designación del secretario técnico de la Comisión de Derechos Culturales y el día 20 con su nuevo nombre presentan la convocatoria para los candidatos para recibir la Medalla al Mérito en Artes 2018.
Para que exista la Comisión de Derechos Culturales debe haber una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica, que se dictamine en comisiones, votarla en el pleno y que se publique para entrar en vigor; esa es la ruta dentro del proceso legislativo, que no ha ocurrido. Entonces si esa comisión no existe, cualquier persona puede impugnar las decisiones legales que tome.
Éste es un ejemplo del proceder permanente en el Congreso, los diputados ignoran o se brincan sin ningún freno las normas; quizá deberían seguir el ejemplo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ajustó la ley a sus decisiones, el caso emblemático es con Paco Ignacio Taibo. Los legisladores locales cuentan con sus votos y de los aliados para hacer del proceder legislativo y del gobierno algo más simple.
Quizá acabar con tanta sobrerregulación les ayudaría a evitar tantos traspiés y la coordinadora de servicios parlamentarios debería señalar a los diputados sus actos ilegales y no sólo moverle el mouse al presidente de la Mesa Directiva, para que Jesús Martín del Campo no se pierda en las sesiones.
barajasurias@gmail.com
@esbarajas