A las víctimas de la represión
militar en Venezuela
Resurge el parlamentarismo mexicano. Los formidables acuerdos para la reforma constitucional de la Guardia Nacional confirman que la consolidación democrática es posible. La adopción de grandes consensos es un esquema de “ganar-ganar”, es un “todos ganan” (la mayoría y las minorías); el consenso básico es el fruto por excelencia de la política, evidencia la elasticidad democrática que encuentra vías para resolver en lugar de tropezar con la intransigencia o los pretextos. La lógica democrática dentro de una asamblea parlamentaria debe inspirar acuerdos y soluciones. La energía pública de un cuerpo parlamentario debe favorecer conciliaciones, y generar soluciones legislativas que tengan viabilidad, despresurizar los enconos o las profundas diferencias respecto a un objetivo en manos de los legisladores. Era inaplazable encarar desde el Estado el avance del crimen organizado, acudiendo a darle justificación jurídica temporal —pero sujeta a protocolos ciertos— a la ocupación de los ejércitos haciendo tareas de seguridad pública. El Congreso federal aprobó hace dos años una Ley de Seguridad Interior que la SCJN declaró inconstitucional a petición de la CNDH y el INAI. Las policías estatales y municipales han sido penetradas por el hampa, y es urgente un remedio para frenar los índices de inseguridad. Las corporaciones policiacas federales no pueden acometer esa hazaña. Los militares deben ayudar, pero siempre desde el precepto de excepcionalidad. Al final, la Guardia Nacional tendrá por mando a un civil que era exigencia de la oposición a la coalición de partidos leales al gobierno del Presidente de la República. Habilitar al ejército para asumir deberes de las policías merecía un entendimiento superior y una serie de previsiones para evitar que el remedio temporal genere incentivos que lo prolonguen indefinidamente. El mérito de un consenso relevante es haber conseguido una solución adecuada para un problema urgente y delicado. Esto, al margen de las cualidades técnicas y de la redacción jurídica con la que se plasma en la Constitución, o en las leyes, la solución adoptada. En esos casos queda claro, para todos, la virtud de la solución adecuada. Que no es la mejor que por idealista era imposible, pero tampoco la peor que, por representar la visión parcial, iba a ser una imposición, y por ello, condenable. La mejor decisión, cuando hablamos de las grandes y mejores decisiones de una Asamblea Legislativa, es aquella que conforta a unos y a otros a la vez. Y así reconforta a todos porque evita una conflagración política, que de otra manera habría ocurrido, y también porque sustituye al rasero del “todo o nada” el esquema de “todo para todos”, que es la esencia de la democracia respecto de las cuestiones superiores de la vida en comunidad. “El bien común” (concepto que amerita reinterpretaciones), a veces el ansiado “bien común” radica en evitar un mal mayor, a cambio de un bien menor pero factible. Un gran consenso resuelve una peligrosa controversia, zanja la polarización derivada de un debate de alta tensión, regenera la confianza operativa de los actores políticos involucrados y, lo que es más trascendente, realiza el milagro del entendimiento público.COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN