En los últimos años se ha consolidado en la sociedad mexicana un amplio sentido de libertad y la percepción de tener capacidad para incidir sobre sus vidas.
De acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores, este sentimiento abarca 42% de la población en México, 14% en Chile y 18% en Estados Unidos.
Sin embargo, una de las grandes paradojas es que no existe un correlato de responsabilidad ni respeto por la ley: 32% de los mexicanos espera que el gobierno tome una mayor responsabilidad en la solución de los problemas (en Chile 20% y en EU 9%), y al mismo tiempo, sólo 18% considera que un componente esencial de la democracia es la obediencia de la ley por parte de los ciudadanos (32% en Chile y sólo 8% en EU).
Esta libertad ilimitada adquiere diversas expresiones negativas en nuestra convivencia pública, desde la corrupción de los grandes dirigentes políticos hasta una extendida socialización de prácticas ilegales: autos o motos que circulan cotidianamente en zonas peatonales; grupos que lucran con la apropiación del espacio público; compra y venta de mercancía robada; hasta el desmedido robo de electricidad que ocasionó los incendios en los mercados La Merced, San Cosme y Abelardo L. Rodríguez.
También explica la sana beligerancia de las redes sociales, como plataforma de denuncias y señalamientos, pero que tampoco tienen un correlato de corresponsabilidad. Peor aún, aquellos que se benefician de la ilegalidad suelen usarlas para mostrar actitudes estridentes, que en realidad no construyen ciudadanía ni abonan a la solución de los problemas.
En el caso del Centro Histórico el problema se agudiza por tratarse de la zona emblemática de la identidad de esta ciudad y de todos los mexicanos. Al perder el aprecio por dicha identidad, las personas que visitan y trabajan aquí no tienen incentivos para mantener limpias las calles, para cuidar nuestro patrimonio y entonces se genera una tensión constante con la ley, con el bien público y con el cuidado de nuestro patrimonio urbano y cultural.
Éste es uno de los grandes desafíos de la gobernanza en esta importante zona cultural y comercial. Es cierto que desde el gobierno debemos revisar y actualizar el marco legal y sus procedimientos de aplicación, para que cada vez sea más cara y menos aceptada la ilegalidad. Desde la sociedad civil y desde el ámbito privado de cada ciudadan@, es necesario que cada quien asuma su responsabilidad con tres principios básicos: el cuidado de nuestro patrimonio; la preservación del interés público por encima de los intereses individuales o de grupo y, de manera destacada, el ejercicio de nuestras libertades en el marco del respeto y promoción de la ley.
Sólo así haremos realidad nuestro deseo de que 2020 sea un año en el que le vaya bien al Centro Histórico y en consecuencia le vaya bien a todos los que aquí vivimos y trabajamos. Reciban tod@s un abrazo afectuoso y mis deseos de que tengan espléndido Año Nuevo.
POR DUNIA LUDLOW
COORDINADORA, AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
@DUNIALUDLOW
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