Para quienes piensan que la democracia es un dato permanente en el colorido y diverso horizonte nacional, vengo a decirles que se equivocan. Para quienes piensan que México siempre ha sido democrático y discutidor, también les puedo confirmar que es errónea su percepción. Y para quienes opinen que la democracia se puede estirar, torcer y violentar sin afectar su esencia o su permanencia, les tendré que aclarar que no es así.
La democracia es una construcción social compuesta de normas, formas y tradiciones que deben respetarse si se busca su mantenimiento en el tiempo. Si esas normas, formas y tradiciones no se respetan, la democracia desaparecerá y en su lugar aparecerán nuevas formas de gobierno, seguramente más autoritarias e impositivas, dígase de derechas o de izquierdas.
La democracia en México puede desaparecer y ser suplantada por regímenes políticos autoritarios que, fatalmente, representarán los intereses y negocios de un reducido grupo de poder, también de derechas o de izquierdas. Salinas reorganizó el grupo en el poder y sus negocios, logrando apoyo popular con una impronta demagógica eficaz. López Obrador está intentando hacer lo mismo, con un nuevo grupo de la burguesía nacional y reciclando el dominio sobre las clases subordinadas.
Ambos gobernantes tuvieron que sacrificar a las prácticas democráticas para lograr su cometido.
La diferencia es el espacio y el tiempo de sus respectivos proyectos. Salinas actuó aún dentro del tiempo del severo autoritarismo del PRI, en una época de “democracia dirigida”, cuando el control sobre los medios de comunicación era severo, además de que no existían las redes sociales.
En cambio, López Obrador tiene la misma intencionalidad, pero sin los tradicionales instrumentos políticos a su disposición, como el corporativismo sindical y campesino, en una era donde la vigilancia social vía medios y redes sociales es intensa y permanente. Y con una sociedad acostumbrada a un grado importante de ejercicio democrático y disposición a la crítica al poder.
A pesar de la enorme presión que ejerce el gobierno de la 4T contra los medios de comunicación para acallarlos, la mayoría de columnistas y editorialistas reflejan opiniones generalmente críticas del gobierno federal y de su partido, Morena.
Sin duda anima al gobierno un espíritu de autoritarismo y de aversión a las prácticas y normas de una sociedad democrática. Su afán de control es notable, recurriendo al uso cotidiano de investigaciones policiacas de dudosa legalidad para acusar a personas de su desagrado de delitos de cuello blanco, de asociación delictuosa y de fraudes fiscales de diversa índole.
Incluso, si no encuentra un elemento convincente, lo inventa.
Es un gobierno que tiene el instinto represor intacto.
Por otro lado, es un gobierno que perdona las vidas y los hechos delictivos a sus amigos, adictos y simpatizantes sin el menor rubor.
La Secretaría de la Función Pública exoneró el caso que perdurará más allá de este sexenio, el de Manuel Bartlett, hombre cercanísimo del Presidente, que se enriqueció en los años 80 cuando era secretario de Gobernación y jefe real de la Dirección Federal de Seguridad, órgano de inteligencia del Estado mexicano que estuvo involucrado en los asesinatos de Enrique Camarena, agente de la DEA en México (1985), y del periodista Manuel Buendía (1984), y que fungía como la agencia reguladora del narcotráfico en esos años.
En el contexto del escándalo de García Luna, el gobierno quiso exonerar a este hombre que será arrestado por las autoridades estadounidenses si llegara a pisar su territorio.
De ese tamaño es la protección que ofrece López Obrador a su director de la CFE, de quien asegura que ¡“defiende al pueblo” (sic)!
En México se están conformando las condiciones propicias para instalar un régimen semiautoritario si la sociedad, en conjunción con fuerzas políticas opositoras, no logra frenar este proceso.
Hoy los demócratas están llamados a defender la democracia, en la forma de la separación e independencia de los Poderes del Estado, la independencia de los órganos autónomos, la libertad de expresión y manifestación de todos los ciudadanos del país, el respeto al Estado de Derecho, la Constitución Política y las leyes que de ella emanen, especialmente respetando la propiedad privada. También el derecho de los medios de comunicación a expresarse libremente y la defensa de los periodistas a ejercer su profesión sin arriesgar la vida.
Además, el Estado está obligado a defender la paz y la seguridad de la vida y los bienes de los ciudadanos, rechazando cualquier asomo de negociación con el narcotráfico.
De esto depende la vida futura de la democracia mexicana que vive bajo la amenaza de desaparecer si el régimen cumple sus amenazas.
Toca a la sociedad decirle contundentemente que ¡no! a las fuerzas regresivas y autoritarias.
POR RICARDO PASCOE
RICARDOPASCOE@HOTMAIL.COM
@RPASCOEP
lctl