Conforme las condiciones de vida en algunas naciones se vuelven menos sostenibles, los flujos migratorios se acentúan. El sentido de pertenencia ahora ha sido reemplazado por instinto de supervivencia y el nacionalismo, por necesidad.
Lo que hace unos años se reconocía como tendencia, actualmente se ha convertido en permanencia: tan sólo durante este 2019, 270 millones de personas fueron etiquetadas bajo el carácter de migrantes.
Frente a lo anterior, algunas leyes se fortalecieron, algunos muros se elevaron y crímenes de odio reventaron. Sin duda, a consecuencia de quienes se encuentran al frente de la toma de decisiones, a su vez producto democrático del interés popular.
Esta vez, el reflector apuntó hacia India. En un día descrito como “histórico para el espíritu de compasión y hermandad de la nación”, se aprobó una nueva norma en respuesta al alto índice de inmigrantes que buscan rehacer su vida en ese país al sur de Asia.
El pasado miércoles 11 de diciembre, el Parlamento indio aprobó el Proyecto de Enmienda de Ciudadanía (CAB, por sus siglas en inglés), con el cual se concederá la nacionalidad india a los migrantes indocumentados que provengan de países tales como Pakistán, Bangladesh y Afganistán.
La nueva legislación enmienda la Ley de Ciudadanía que prohíbe concederla a los migrantes indocumentados. Asimismo, deroga la norma que para solicitarla, exigía haber vivido en India al menos durante once años o haber trabajado para el gobierno federal.
Ahora, con la modificación, con tan sólo seis años de haber vivido en territorio indio (como requisito), las personas inmigrantes estarán calificadas para acceder a la naturalización.
Si bien la nueva ley generó una ola de aplausos a favor de la inclusión y el respeto a los derechos humanos, cuenta con una cláusula profundamente discriminatoria: solamente beneficiará a los miembros de las minorías religiosas hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana.
Se trata de una condición religiosa que excluye a la mayoría musulmana que habita, tanto en los países colindantes, como en la propia India.
Además, la medida atentar contra la Constitución nacional de India, la cual prohíbe la discriminación por motivos religiosos, la nueva legislación obligará a los musulmanes a demostrar mediante un registro de población, que eran residentes originarios de India y no extranjeros refugiados.
La incapacidad para lograrlo podría terminar convirtiendo a millones de personas (musulmanas) en apátridas.
Lo que aparentemente sólo beneficia a las minorías perseguidas de la región, en silencio deslegitima a la mayoría por sus creencias religiosas. A simple vista, un paso hacia adelante; pero, en realidad, son tres hacia atrás.
POR CAMILA GÓMEZ DÍAZ BARREIRO
@CAMILAGOMEZDB
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