EN EL AGUA, al igual que en los hidrocarburos, existen aviesos intereses que van más allá de los usos legítimamente constituidos. Esas ventas ilegales de agua se dan en dos órdenes de magnitud: las “pequeñas” desviaciones que se hacen a la vista con tomas clandestinas y el escamoteo de inmensos volúmenes de agua que dependen de mediciones y cálculos fácilmente manipulables. Asimismo, esos turbios negocios no podrían existir sin la connivencia de autoridades en varios ámbitos de la administración pública y su confabulación con las personas que se benefician del agua mal habida.
El volumen de aguas nacionales asignado en el país para el abastecimiento público es de 12,628 millones de metros cúbicos al año. Con 125 millones de habitantes, ese volumen implica una dotación promedio de 276.78 litros por habitante al día. En todas las redes de distribución de agua potable hay fugas, pero no en todas ascienden a 40%, como en la Ciudad de México, donde los asentamientos diferenciales del terreno fisuran las tuberías.
Si así fuera, las fugas de agua potable serían de 5 mil millones de metros cúbicos anuales, volumen suficiente para abastecer a 50 millones de personas con la dotación promedio de 276.78 litros por habitante al día. Aun más, si se tomara la dotación promedio de 100 litros por habitante al día, recientemente definida en México como el límite superior para ejercer el derecho humano al agua, ese volumen de fugas abastecería a 138.39 millones de personas, muy por arriba de los 9.3 millones de mexicanos sin acceso al agua.
Aparte de que la falta de agua se debe más a una deficiente gestión de los servicios públicos domiciliarios de agua potable que a la carencia de su disponibilidad, un cierto porcentaje del agua que se atribuye a fugas, son aparentes, más que reales. Es decir, no son fugas físicas, sino tomas clandestinas de las propias redes que operan los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, e incluso de las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento.
En el uso agropecuario se tienen concesionados 66,799 millones de metros cúbicos anuales en el país. De ese volumen, 36,799 millones de metros cúbicos al año lo usan las 40 mil unidades de riego que son producto, en primer término, de la acción autogestora de la sociedad y, en menor medida, de la inversión pública, en las que se pueden regar, oficialmente, tres millones de hectáreas, pero que los estudios más recientes estiman en cerca de cuatro millones.
Los otros 30 mil millones de metros cúbicos se emplean en 86 distritos de riego, donde medio millón de usuarios riegan 3.5 millones de hectáreas, mediante el usufructo de 300 mil estructuras, 50 mil km de canales, 30 mil km de drenes y 70 mil km de caminos. Toda esa infraestructura hidroagrícola la construyó el gobierno federal en el siglo XX; en la década de 1990 transfirió la conservación y operación de los canales de distribución y aplicación del agua a los usuarios de riego.
El objetivo de establecer áreas de riego, a principios del siglo XX, fue aprovechar las aguas nacionales en las márgenes de los ríos. En ese momento, la eficiencia en el uso del agua no era una preocupación central. Por esa razón, la mayor parte de los canales en los distritos de riego se excavaron en tierra y no se revistieron de concreto. Por el contrario, en las unidades de riego, al ser iniciativa privada, la mayor parte de las conducciones se realizan en tuberías, donde las fugas son muy inferiores a la infiltración que en los canales de tierra de los distritos de riego.
Las mermas globales de agua en los canales de tierra de los distritos de riego se estima en 59%: un valor típico en la tasa de eficiencia de conducción, responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua, es de 85%; el valor más frecuente en la distribución, responsabilidad de los usuarios de riego, es de 73.5%, y el promedio en la eficiencia de aplicación es de 65%, ya que, por ejemplo, en los distritos de riego 48.6% es por gravedad convencional y sólo 9.12% es presurizado. De esta manera, en los canales de los distritos de riego se infiltra un promedio de 17,817.38 millones de metros cúbicos al año.
Similar a lo que sucede en las redes de distribución de agua potable, todos los distritos de riego son distintos y cada uno tiene su propia tasa de infiltración en la conducción, distribución y aplicación del agua.
El desvío de agua sin una contabilidad adecuada disminuye la recaudación de los derechos fiscales por la extracción de las aguas nacionales; con ello se tiene una afectación al erario nacional y una ganancia ilegítima para funcionarios públicos de varios ámbitos de gobierno y para los particulares que obtienen el agua indebida. Además, la sustracción ilícita de agua conlleva la escasez para grupos sociales que sí tienen un derecho de uso del agua o de aquellos que carecen de acceso al agua. Simple y llanamente, es una corrupción que se hace con los bienes nacionales.
La corrupción casi nunca es el acto de un individuo subversivo; más bien se le considera “culturalmente aceptable” y se relaciona con la ausencia de voluntad política para controlarla. La corrupción en el sector agua es un problema significativo y reduce la eficacia de los esfuerzos para lograr la cobertura universal de agua potable y saneamiento, así como iniquidades en el riego, la hidrogeneración y la acuicultura. Esto da como resultado mayores gastos para la sociedad.
En suma, la construcción de un nuevo régimen en la administración de las aguas nacionales y en la prestación de los servicios públicos de agua potable requiere también la deconstrucción de vicios arraigados en décadas. No es fácil desmantelar una madeja de intereses públicos y privados que se establece con objeto de obtener dinero ilícito y de hacer uso ilegítimo de los bienes nacionales, pero es necesario dar el primer paso.
POR HUMBERTO ARMENTA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RECSA
@HUMBERTOARMENTA