Durante los primeros 10 meses de este año, México registró 29 mil 574 homicidios y feminicidios, y que contando los 2 mil 991 de diciembre pasado alcanza 32 mil muertes violentas, muy por encima de los 28 mil 868 de todo 2018, lo que significa que en la presente administración federal las cosas no van bien.
Lo peor es que el delito se dispersa ahora a municipios de entre 2 mil 500 y 100 mil habitantes, es decir, no se focaliza para enfrentarlo más fácilmente, el problema se generaliza.
El secretario de Seguridad Pública federal Alfonso Durazo carece del currículo que lo acredite para ocupar tan delicado cargo, pero lo más preocupante es la reiterada intención del presidente López Obrador de mantener la “estrategia”, pero atacar las causas de la violencia regalando dinero a los ninis no ha funcionado y ni hablar de “acusar a los criminales con sus mamás o sus abuelos”.
Es hora de dejar las ocurrencias y actuar con seriedad, establecer una estrategia que EXPERTOS en seguridad deben definir y evaluar periódicamente con rigor técnico, no político, para saber lo que se hace y lo que se debe corregir.
Ahora que hablamos de recesión económica, tenemos que recordar que las inversiones están donde hay gente preparada y capacitada para el trabajo, no donde la violencia e impunidad imperan.
Esta semana en la Cámara de Diputados seguirán las negociaciones entre partidos aliados, el PT, PES, PVEM y Morena para buscar un acuerdo sobre los pendientes legislativos como las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, que dotaría de nuevas facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias y aplicar la extinción de dominio a personas vinculadas al delito de lavado de dinero.
Legisladores a favor aseguran que casos que hoy están impunes pudieron haberse castigado de haber existido una reglamentación sancionadora.
Como ejemplo, citaron el desvío millonario de recursos en el gobierno de Angel Aguirre, en el que están implicadas 19 personas incluido su hermano, así como su ex subsecretario de finanzas Victor Hughes y Henry Hughes, acusados de desviar recursos públicos a través de empresas fantasma.
El presupuesto aprobado para el próximo 2020 tiene ganadores y perdedores. Los ganadores son los programas asistencialistas, los que dan votos, Energía con un 78% de incremento, cifra inédita en 30 años y Pemex que, con 523 mil 425 millones de pesos, recibirá más de 12% que este 2019.
Los perdedores son con una reducción de 27% el sector agropecuario, Gobernación con 90% menos, y el sector turismo al que le asignaron 43% menos a pesar de ser uno de los motores de nuestra economía, castigado sin recursos para promoción y los resultados ya están a la vista.
POR ENRIQUE MUÑOZ
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