Ciento veinticuatro mil millones de pesos. Es la cantidad de dinero gastado en el Programa U080, “Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación”, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre 2014 y 2018; un programa señalado por la Auditoría Superior de la Federación por las serias debilidades en su planeación, transparencia y rendición de cuentas, así como una falta de reglamentación adecuada para detener el sobreejercicio anual en el gasto que va más allá del 2,000% en promedio.
Sólo con lo que se amplió en el gasto del U080 en 2018 –más de 23 mil millones de pesos– podríamos financiar TODOS los recortes planteados para educación básica en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2020. Podríamos garantizar la continuidad de la inversión en el desarrollo integral en la primera infancia, dar becas a niñas, niños y jóvenes marginados, así como formación docente inicial y continua. Eso sumaría menos de 7 mil millones de pesos.
Entonces, también tendríamos dinero para continuar la implementación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en más de 25 mil escuelas, y que hoy está en riesgo por los recortes. Y podríamos aumentar recursos para los programas de inclusión y equidad en escuelas comunitarias, indígenas, multigrado y telesecundarias, así como los que apoyan a niñas, niños y jóvenes migrantes y con discapacidad. Y todavía nos sobraría... Durante el periodo de planeación presupuestaria hemos escuchado en repetidas ocasiones que estamos en un momento de austeridad, que debemos cuidar el dinero, evitar desvíos, acabar con las irregularidades, poner fin a la corrupción. Y entendemos. ¿Quién quiere que se usen mal sus recursos? (que a final de cuentas son de todas y todos).
Lo que no se entiende es por qué seguimos permitiendo las mismas malas prácticas cuando nos enfrentamos, año tras año, con la posibilidad de mejorar, de asegurar que nuestro dinero no se desperdicie. Por un tecnicismo –ser un programa de recursos no regularizables que se otorgan como subsidios– el U080 no se obliga a cumplir con las mismas reglas de operación, evaluación y transparencia que otros programas federales. Y las consecuencias de este estado de excepción son evidentes: desconocer el plan de trabajo y la justificación de 95 de cada 100 pesos utilizados.
Las y los diputados están frente a la oportunidad de corregir esto. Desde el Decreto del Presupuesto pueden establecer reglamentación vinculante que obligue una programación adecuada de los recursos presupuestados, el desarrollo de mecanismos precisos de distribución, operación y administración, criterios claros y equitativos de asignación, así como nuevos términos de referencia para la transparencia y la evaluación de resultados para el U080.
Invertir bien implica, por un lado, no recortar en lo fundamental; pero al mismo tiempo hay que acabar con la discreción y la opacidad y asegurar que los recursos lleguen a donde tienen que llegar. Ojalá nuestros legisladores hagan su parte para que esto pase.
POR JENNIFER L. O' DONOHUE
DIRECTORA GENERAL, MEXICANOS PRIMERO
lctl