Mientras el mundo se ocupaba de sus asuntos, en Chile se cultivaba una ola inconformista frente a un viciado sistema de abusos. Al reventar en la orilla, su dimensión salió a la luz: se trataba de un tsunami que más pronto que tarde, inundaría la errada reputación del país andino. Y de paso, conseguiría la creación de una nueva Constitución.
Ante los ojos del mundo, un mes de protestas masivas fue suficiente para conseguir el cambio. Ante la comunidad chilena, fueron décadas de abuso a la ciudadanía por parte del gobierno; mismo que a nivel internacional era reconocido por salir adelante con éxito, del legado dictatorial de Augusto Pinochet.
¿Qué hay detrás del contraste entre la percepción internacional y la realidad nacional que detonó una de las crisis más destructivas de la historia de Chile?
El estallido social sostiene una memoria histórica que se remonta al rescate producido por EU y los “Chicago Boys” (1973), quienes arrancaron el país de las manos de Pinochet produciendo el “Milagro de Chile”. Impulsaron desde el neoliberalismo, un régimen que practicó la liberalización económica y la estabilización monetaria. A la par eliminaron las protecciones arancelarias para la industria local y privatizaron la seguridad social y empresas estatales.
Sin embargo, como efecto colateral, se abrió el paso a la desigualdad. Se produjo una polarización de ingresos y reventó la crisis económica de 1982. Hoy, la situación es similar: según la Cepal, el 1% más adinerado del país concentró 26.5% de la riqueza en 2017; mientras que 50% de las familias de menos ingresos sólo acumuló 2.1% del PIB. La mitad de los trabajadores del país recibe un sueldo cerca del mínimo: 301 pesos; casi 30% termina en el transporte público. El elevado costo para acceder a los servicios de salud y el deficiente sistema de pensiones se suman al rezago de oportunidades en la realidad chilena; hasta hace un mes, cubierta por la prensa internacional en un grado mínimo.
La respuesta del presidente Piñera de impulsar reformas para atender la desigualdad no fue suficiente. Los manifestantes identificaron la raíz del problema en la Constitución.
Este viernes se concretó un pacto que establece la convocatoria de un referendo en abril de 2020 que cuestionará si los chilenos quieren una nueva Constitución y qué órgano deberá redactarla (convención mixta constitucional o convención constitucional). La primera se conformaría 50% por parlamentarios y 50% por ciudadanos, mientras que la segunda lo hace en un 100% por ciudadanos.
El valor de este logro está en la participación de la ciudadanía. Será la primera vez que se elaborará este texto con su colaboración.
Entre los retos que enfrenta está la elección de los miembros del órgano constituyente. Al ser elegidos mediante el mismo sistema electoral que el Parlamento, hay predisposición al sistema y reducción del espacio para candidatos independientes. No obstante, algo queda claro: esta vez, Chile se construirá de la mano y no a espaldas del pueblo. ¿Será que su participación finalmente solucione la crisis?
POR CAMILA GÓMEZ DÍAZ BARREIRO
@CAMILAGOMEZDB
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